Un reciente reportaje de Punto Final ha puesto en el centro de la controversia al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por sus declaraciones en un chat privado de WhatsApp, en el que sugería que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) debería comprar toda la producción de oro nacional, incluyendo el proveniente de la pequeña minería. “Incomodemos un poquito al señor Velarde”, escribió Montero, aludiendo al presidente del BCRP, Julio Velarde, y encendiendo el debate político y técnico sobre el rol que debe tener la entidad monetaria en la compra de metales preciosos.
Estas declaraciones, emitidas antes de que Montero asumiera el cargo de ministro, forman parte de las conversaciones en el grupo “MAPE”, donde participan mineros informales, investigados por delitos ambientales y hasta autoridades del Congreso. Montero, en ese entonces considerado un “experto” en minería artesanal, defendía abiertamente la intervención del Estado en la compra de oro con trazabilidad, una idea que más adelante contrastaría con la postura oficial del Ministerio.
La discusión ha cobrado fuerza en el Congreso, donde existen proyectos de ley para permitir que tanto el BCR como el Banco de la Nación adquieran oro a mineros formalizados. La ley 06035/2023-CR y la propuesta de Jorge Montoya en la Comisión de Economía, plantean mecanismos legales para habilitar este tipo de operaciones. Sin embargo, el propio Julio Velarde rechazó de forma categórica esta iniciativa, señalando que el oro ilegal no debe ser responsabilidad del banco emisor y advirtiendo sobre los riesgos para la estabilidad financiera del país.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Montero ha moderado su postura inicial. Aunque en marzo de 2025 negó que el ministerio impulse la compra de oro por parte del BCRP, sí reconoció que se debe debatir una reforma a su ley orgánica. El director general de Formalización Minera del Minem también se mostró reacio a que el BCRP asuma este rol, y planteó la creación de un fondo alternativo que permita trazabilidad sin comprometer la función constitucional del banco.
El debate ha dividido opiniones en el ámbito político y técnico. Mientras algunos sectores ven en esta propuesta una vía para formalizar la minería y evitar el lavado de activos, especialistas como Juan Carlos Ortiz del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advierten que involucrar al BCRP podría socavar la estabilidad económica del país y generar incertidumbre entre inversionistas. La polémica sigue en ascenso, mientras los bloqueos de mineros en el sur del Perú presionan al Gobierno para adoptar medidas urgentes.
