La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos respondió al procurador anticorrupción Javier Pacheco, quien en un programa de televisión afirmó que ella sería parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Afirmó que lo declarado solo “pretende generar desconfianza de la ciudadanía hacia la fiscal de la nación y la institución que represento”.
“¿Cómo puede decir eso cuando es de conocimiento público que he denunciado fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, gente que está destituida. Estamos a punto de lograr la extradición de Hinostroza. Esa narrativa no es de ahora, es dada por diferentes actores. El objetivo es traer abajo la investigación de los Cuellos Blancos”, dijo Ávalos.
Ávalos, quien lleva en su cargo tres años, manifestó que no hay ninguna evidencia de lo declarado por Pacheco. “Es poco serio que salga así. No existe ningún audio, no existe audio, no conozco a estos señores. Nunca he tratado con ellos, pero es fácil lanzar acusaciones, pero no pueden probar nada”, afirmó.
Nuevo fiscal de la Nación
Asimismo, la fiscal de la Nación reiteró que “no tiene afán de permanecer un día más” en su cargo que finaliza el próximo 29 de marzo. En la Junta de Fiscales Supremos, solo están ella y el fiscal supremo titular Pablo Sánchez, quien ocupó el cargo de Fiscal de la Nación entre el 2015 y 2018. Zoraida Ávalos manifestó que él le ha referido que no volvería a ser fiscal de la Nación. “Le he dado hasta el viernes para que lo piense bien, no tengo afán de permanecer un día más en el cargo”, dijo.
Sobre la investigación contra el presidente Pedro Castillo, Ávalos dijo que “la posición histórica y jurídica” de la institución había sido no abrir investigación con los presidentes. “Yo rompo esa tradición en el 2020 con Vizcarra para evitar la impunidad”, dijo. Aunque recordó que el artículo 117 de la Constitución crea una “protección presidencial”, debido a que solo se puede acusar al presidente por solo unos cuantos supuestos.
Avalos abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado.
