El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, calificó como una ‘frescura’ la decisión de Odebrecht de demandar al Estado peruano ante el CIADI por más US$ 1,200 millones por el Gasoducto Sur Peruano, tomando en cuentas las evidencias de actos fuera de la ley cometidos por esta empresa.
El premier recordó que una de las tres empresas que ganaron la licitación ahora anulada del gasoducto, Graña y Montero, ha reconocido actos de corrupción y se encuentra actualmente en un proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
“El consorcio tiene tres integrantes Graña y Montero, Enagas y Odebrecht. La primera ha asumido su responsabilidad y el estado situacional de la investigación, de orden procesal penal, está poniendo de manifiesto evidencias concretas graves de hechos de corrupción. Resulta irónico que a pesar de estos hechos, tenga todavía la frescura (Odebrecht) de acudir a un arbitraje», dijo en conferencia de prensa.
En esa línea, mostró su ‘extrañeza’ tomando en cuenta que la empresa brasileña tiene un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana.
“En mayo del 2017 planteó inicialmente una solicitud de trato directo y esta no próspero, por lo que ha formalizado esta demanda ante el CIADI que está en condición de pendiente, lo que implica que no ha sido notificado aún al Estado peruano. Tenemos conocimiento que la demanda es por la suma de US$ 1,200 millones. Los dos argumentos centrales son una cancelación arbitraria del proyecto y un marco legal predeterminado para evitar que avance el proyecto», acotó.
Sobre el primer punto, el premier dijo que el Gobierno se vio obligado a terminar el proyecto -en enero del 2017- debido a que el consorcio, del que fue parte Odebrecht, no alcanzó el cierre financiero por lo que el Gobierno ejecutó la carta fianza; y, lo segundo, que todo Estado tiene el legítimo derecho a defender sus intereses ante graves actos de corrupción.
“Paralelamente, Enagas también solicitó un trato directo que no prosperó y ya nos había demandado por US$ 500 millones, lo que sigue un curso regular. Los procedimientos de arbitraje son complejos, y en este caso se proyecta el laudo para diciembre del 2022”, manifestó.
Remarcó que el Estado peruano va a defender sus intereses en esta nueva demanda y agregó que la consultora para el caso Enagas será la misma que verá la demanda de Odebrecht. “El Estado peruano peruano ha sido demandado por US$ 50,000 millones y en gran parte de ellos los resultados han sido auspiciosos”, dijo.
