El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, confirmó que el Ejecutivo observará la ley aprobada por el Congreso que dispone la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) hasta por un monto de S/ 4.300 tras sostener que la medida no solo generará daños sociales y económicos sino que es inconstitucional.
“Todavía no ha llegado (al Gobierno la ley de retiro de ONP). Cuando llegue indudablemente vamos a observarla por las graves consecuencias, no solo en lo económico, sino también sociales. Es una norma inconstitucional porque está yendo en contra de la intangibilidad que son los fondos de pensiones”, declaró a la prensa esta mañana.
“Para que tengan idea, el bono que ha dado el Gobierno de 760 soles a 8,6 millones de familias ha costado 6.500 millones de soles. Quince mil millones de soles es el costo de todos los bonos del Gobierno más toda la lucha contra la pandemia en hospitales, medicinas y contención; todo eso no llega a 15 mil millones de soles”, añadió.
Martos se pronunció así sobre la norma que aprobó la madrugada del martes el Pleno del Congreso y que permite que todos los aportantes de la ONP retiren un monto de hasta 1 UIT (S/ 4.300). Los adultos mayores de 65 años o más que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión, en tanto, podrían retirar la totalidad de sus aportes.
El primer ministro aseguró que, en el ámbito social, la norma aprobada por el Parlamento afectará a los aportantes que retiren sus fondos porque quedarán fuera del Sistema Nacional de Pensiones, lo que los dejará sin ingresos de pensiones a futuro y no tendrán atención de salud porque no podrán acceder a Essalud.
“Estas personas van a tener serios problemas en el futuro y van a ser un problema social para el Gobierno. En el ámbito económico, 15 mil millones de soles significan un tremendo desequilibrio fiscal. Va a hacer que incremente la deuda pública y que el riesgo país se incremente. Entonces, en la macroeconomía será un problema bastante grave”, añadió.
Walter Martos reiteró que la norma es inconstitucional y que, por eso, como parte de un Gobierno responsable, procederán a observarla porque necesitan mantener el equilibrio económico del país para el próximo gobierno en el 2021.
“Son recursos que se estaban destinando para la atención de la pandemia durante el tiempo que queda. Quiere decir que habrá menos recursos para atender las necesidades sociales, para entregar bonos a las personas que se les está dando, afectará la atención en hospitales, medicinas. Es un grave problema económico”, detalló el titular de la PCM.
Fuente: Perú21
