Vladimir Cerrón busca librarse de su juicio por presunta colusión en el caso del aeródromo de Orcotuna utilizando la misma estrategia que viene usando en su proceso por malversación: culpando al Consejo Regional de haber ordenado su ejecución. Además, su defensa ha añadido otro argumento, el aeródromo ha sido considerado como un proyecto prioritario por el gobierno de Pedro Castillo, por ende, se trató y se trata de una necesidad pública.
El juicio se retomó ayer con los alegatos de apertura. Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría fueron tajantes al plantear que Vladimir Cerrón creó una necesidad pública de forma ilegal al ordenar la construcción de un aeródromo en el distrito de Orcotuna cuando ya existía otro en Jauja.
La defensa de Cerrón, por su parte, indicó que no fue Cerrón quien impulsó este proyecto sino que “obedeció” las órdenes del Consejo Regional -cuya comisión estuvo a cargo de los procesados Silvia Castillo, Saúl Arcos y Eddy Misari- de iniciar la construcción de este proyecto.
Por otro lado, dijo que no se trata de una necesidad creada por Cerrón, sino que incluso el actual Gobierno de Pedro Castillo, en la Ley de Presupuesto para el 2022, declaró de interés nacional su construcción.
Cabe resaltar que el actual abogado de la Procuraduría, Víctor Araujo, fue el mismo que sustentó el caso del saneamiento de La Oroya por el que Cerrón fue sentenciado. En los próximos días se culminará con los alegatos de apertura.
