El presidente Martín Vizcarra consideró que la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda competencial presentada por el expresidente del Congreso Pedro Olaechea por la disolución del Parlamento, demuestra que esta medida, tomada el pasado 30 de setiembre, se hizo «respetando a la Constitución».
«Hoy el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha cerrado este capítulo. Sigamos trabajando juntos», señaló luego de que este organismo decretara la validez de la disolución del Parlamento que tomó luego de que el Parlamento le negara la confianza al Gabinete Ministerial que por entonces presidía Salvador del Solar.
Momentos antes de que se diera a conocer esta decisión, el jefe de Estado ya había adelantado que el análisis hecho por el Tribunal Constitucional, a través de la ponencia del magistrado Carlos Ramos, «manifiesta claramente que la forma de actuar del Poder Ejecutivo el 30 de setiembre es en cumplimiento de las normas legales y la Constitución».
La actuación de este Gobierno es, y ha sido siempre, respetando nuestra Constitución. La decisión tomada el 30 de setiembre del 2019 es una muestra de ello. Hoy el TC, máximo intérprete de la Constitución ha cerrado este capítulo. Sigamos trabajando juntos. #ElPerúPrimero
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 14, 2020
Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma (presidenta del TC) apoyaron la ponencia de Carlos Ramos, quien respaldó la disolución del Parlamento por considerar que sí ocurrió una denegación de la confianza al Gabinete Del Solar el pasado 30 de setiembre.
En tanto, los magistrados Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón y Ernesto Blume emitieron un voto en contra por considerar que se debió declarar fundada dicha demanda. Blume, expresidente del TC, mostró su abierta discrepancia con esa postura.
Ramos, a cargo de la ponencia del caso, señaló durante su exposición que el Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza para proponer una reforma de la ley orgánica del TC y para solicitar la postergación de la elección de magistrados.
