La exalcaldesa Susana Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro regresaron a sus respectivos centros penitenciarios tras haber asistido a la audiencia de apelación de los 18 meses de prisión preventiva dictada en contra de ellos por el Poder Judicial, en el marco de las investigaciones de los aportes de las empresas Odebrecht y OAS durante las campañas del ‘No a la revocatoria’ y la reelección municipal.
Antes de culminar la audiencia, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, tomó la palabra para manifestar a la sala que de recuperar la libertad no huirá del país y no obstaculizará las investigaciones del Ministerio Público.
«No le tengo miedo a la prisión, que la Fiscalía pruebe mi culpabilidad, no podrá probar que lidero una organización criminal, yo creo que la cruzada anticorrupción es de interés nacional, si se me priva de mi derecho a la libertad lo respetaré», manifestó.
Susanan Villarán aclaró que ella no ha reconocido haber cometido algún delito, sino el haber recibido dinero de las empresas Odebrecht (US$3 millones) y OAS (US$3 millones) para financiar la campaña con la que evitó su revocatoria en 2013.
«He vivido de mi trabajo y de mi patrimonio personal, no se ha aumentado mi patrimonio; he pedido perdón al supremo, a la ciudadanía, fue liberador, no he confesado delitos, he pedido perdón por no haber dicho antes lo de los aportes», declaró.
Por su parte, el exgerente municipal de Lima, José Miguel Castro dijo que «en todo momento» ha colaborado con la justicia y que lo seguirá haciendo.
«¿Por qué si mi comportamiento ha sido ejemplar debo estar en prisión para seguir siendo investigado? El comportamiento es personalísimo, yo he acudido primero a los entes de justicia, no soy una persona que acudió a los medios, tengo arraigo de calidad, vivo en la misma casa desde hace nueve años, estoy casado desde hace 15 años», expresó.
Castro también negó que se haya enriquecido durante su gestión como funcionario de la Municipalidad de Lima.
«Estas investigaciones que se hicieron en mi contra no han arrojado ningún signo de patrimonio ilícito, nunca se me ha encontrado un signo de enriquecimiento, lo que ha ocurrido es exactamente lo opuesto, todos estos años me he venido defendiendo y pagando abogados», agregó.
El fiscal superior Rafael Vela, en tanto, solicitó que se amplíe el plazo de la medida a 36 meses, aunque señaló que la presente investigación a cargo del equipo especial de la Fiscalía puede durar mucho menos.
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