La lideresa de Izquierda, Verónika Mendoza, ratificó su iniciativa de implementar un Ingreso Básico Universal (IBU), por lo menos durante 3 meses, tras lo que consideró el fracaso en la entrega de los bonos anunciados por el gobierno de Martín Vizcarra.
En este sentido, ‘cuadró’ al mandatario, pues le pidió que deje de seguir «echándole la culpa» a la ciudadanía por el desacato en algunos sectores del aislamiento social obligatorio.
«Basta de seguir simplemente echándole la culpa a la gente. Sí hay algunos irresponsables que merecen repudio y sanción, pero la gran mayoría son personas que ya no tienen qué comer. Entonces, no les queda otra que salir a recursearse. Lamentablemente, hasta ahora los bonos solo han llegado a 3,4 millones de familias, es decir, apenas la mitad de lo previsto por el propio gobierno, ¡y estamos a 70 días de cuarentena! Estamos entrando a una crisis alimentaria, en la última encuesta del INEI 3 millones y medio de peruanos señalaron que no ha podido comprar alimentos ricos en proteínas en el último mes», señaló en radio Exitosa.
La excandidata presidencialprecisó que hasta el momento solo se ha invertido 0,67% del PBI del 12% que anunció el gobierno para la reactivación de la economía. Por tanto, planteó que todavía se cuenta con los recursos para emprender iniciativas y que lo que falta, es voluntad política.
«Por eso proponemos que se entregue un ingreso básico universal, por lo menos 3 meses porque esta crisis va a durar. Lo ideal es hacerlo a todos los adultos con DNI, de manera individual, o por lo menos unificar toda la información en un solo padrón y abrir cuentas básicas bancarias a todos los que aún no tienen. Ese dinero no es dinero perdido porque con eso la gente va a comprar, va a mover la economía, salvará vidas y contribuirá a reactivar la economía», precisó Mendoza.
En otro momento, señaló la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto social «que ponga a la vida por delante, la salud, la educación y las pensiones como derechos, un desarrollo en armonía con la naturaleza…y no una “nueva convivencia” entre el gobierno y la Confiep para que la crisis la paguen los trabajadores, mientras los grupos de poder económico mantienen sus privilegios y monopolios».
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