El último 8 de julio, Vladimir Cerrón no solo tenía que resolver temas partidarios. Ese mismo día decidió que tenía que retirar S/1′236.523 que estaban a su nombre en el Interbank. La existencia de este dinero había sido revelada por El Comercio tres días antes.
Además de conocerse sobre este dinero, otro hecho había ocurrido: el 7 de julio, la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, había solicitado a la fiscal Bonnie Bautista que incluya en la investigación del Caso Los Dinámicos del Centro al exgobernador y secretario general de Perú Libre (PL) por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
En el documento presentado por la procuradora, se indica que “resulta evidente el grado de sumisión o dependencia [de exfuncionarios] a las órdenes de Cerrón, que habría permitido destinar parte de la recaudación o efectos ilícitos a solventar o financiar la campaña presidencial de Perú Libre 2021”.
De acuerdo con la información a la que accedió este Diario, el 8 de julio, Cerrón se acercó a la agencia de Interbank ubicada en la cuadra 20 de la avenida Petit Thouars, en Lince, para cancelar el contrato de fondos mutuos que tenía en Interfondos.
Al día siguiente, el 9 de julio, el exgobernador regresó a la misma sede de la entidad bancaria para retirar S/1′236.523 a través de un cheque de gerencia. Sin embargo, su operación no tuvo éxito porque fue informado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a congelar ese dinero, ya que el líder de Perú Libre tiene una sentencia por corrupción de cuatro años de prisión suspendida, que ha sido confirmada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Días después, según fuentes judiciales, el 14 de julio, la UIF informó a la jueza July Baldeón que Cerrón intentó realizar este retiro. La magistrada es quien el pasado miércoles rechazó el pedido de prisión preventiva contra los 20 presuntos integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro por “falta de elementos de prueba”.
La misma UIF, según información a la que accedió este Diario, remitió otro reporte al fiscal de lavado de activos de Junín, Luis Cárdenas Moreno, quien en junio abrió una investigación preliminar contra el exgobernador regional de Junín por el presunto delito de lavado de activos. Cárdenas investiga a Cerrón por haber llevado en efectivo más de S/1,2 millones a la Caja Huancayo, en marzo del 2020.
El fiscal Cárdenas es quien en el 2019 archivó otra pesquisa contra Cerrón por el delito de lavado de activos. Este magistrado solicitó el sobreseimiento en un caso en el que el exgobernador era investigado por desbalance patrimonial. En un documento elevado al Poder Judicial, el fiscal no se pronunció sobre el fondo de la investigación, a pesar de que desde entonces contaba con información de la UIF referida a reportes sospechosos. El líder de PL había realizado depósitos en efectivo por S/284.000 y S/602.800 sin sustentar el origen de ese dinero. En un documento, el fiscal se excusó aduciendo que no contaba con presupuesto “para el uso de agentes encubiertos o agente especial, falta de peritos tasadores, contables, falta de personal especializado en el tema”.
Para la exprocuradora de lavado de activos, Janeth Briones, Cerrón “buscaría poner a buen recaudo el dinero, porque ya sabía que la prensa se había enterado. Tenía la sentencia y el pedido de la procuraduría de que se lo incluya en un nuevo proceso”.
Briones señaló que el congelamiento que realiza la UIF es una medida temporal, por eso se informa a las autoridades, “para que sea la fiscalía la que solicite una medida cautelar de incautación ante el juzgado”. Luego, “se ejecuta una medida de embargo en los bancos para que la persona investigada no pueda disponer de ese dinero. De esta manera, se garantiza que ese dinero, luego de la sentencia por un delito contra el Estado, sea destinado a la reparación civil”.
También agregó que existen indicios para “sospechar que el dinero no tiene un origen lícito, sino por qué haría todos esos movimientos sospechosos”, enfatizó. En el mismo sentido se pronunció el abogado penalista Mario Amoretti, quien aseveró que “es imperativo que el fiscal solicite al juez que imponga la incautación del dinero mientras dure el proceso por lavado de activos, más aún si no tiene cómo acreditar la procedencia legal del mismo”. Amoretti advirtió que si el exgobernador apela la resolución de la incautación, “la sala puede disponer que se deje sin efecto la medida y el procesado accede al dinero, lo cual sería ilegal”, concluyó.
