El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso que presentó el exministro de salud, Marino Costa Bauer, para anular el caso de esterilizaciones forzadas que se presentaron en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y denunciadas por ONGs.
Costa Bauer, el expresidente Fujimori, Alejandro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar y otros personajes son investigados por la Fiscalía por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves seguidas de muerte. Uno de los argumentos del ex funcionario en su recurso es que se estarían violando sus derechos fundamentales, y un segundo lugar señalaba que el plazo de investigación ya había vencido.
En una sesión reservada, los magistrados Marianella Ledesma, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra del pedido, mientras que Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón apoyaron la demanda de archivo del caso.
Tras el fallo, la organización feminista Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) exigió al Poder Judicial celeridad en el proceso «para que no gane la impunidad».
“Exigimos que la investigación se haga de forma rápida y conforme a los plazos de ley y que concluya que se trató de un crimen de lesa humanidad y con ello se acuse a Alberto Fujimori, sus exministros de salud y a todos los coautores de este crimen para que vayan a juicio, que las víctimas llevan esperando más de 20 años”, expresó María Ysabel Cedano, abogada de Demus.
Asimismo, Milton Campos abogado también por Demus aseguró que «ya está en la agenda del Poder Judicial, sin obstáculo alguno, la nueva fecha para que la fiscalía sustente la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y otros por el caso de esterilizaciones forzadas. Esta audiencia debe ser pública y accesible a todas las personas».
En este caso judicial son más de 1 300 denunciantes y en su mayoría mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza, que esperan justicia por dos décadas con la ayuda de muchas onegés.
En un informe, la Defensoría del Pueblo indicó que se realizaron 272 028 operaciones de ligaduras de trompas y 22 004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se hicieron con presuntos engaños y coacciones.
