El exmandatario Alejandro Toledo propuso al juez estadounidense Thomas Hixson el pago de US$1 millón como fianza a cambio de que disponga su inmediata libertad para afrontar en esa condición su proceso de extradición al Perú.
Su abogado público Steven G. Kalar explicó a través de un oficio del 6 de setiembre, al que accedió Perú21, que el desembolso se concretará con dinero en efectivo y dos propiedades, en caso su patrocinado huya del país.
Según Kalar, los bienes pertenecen a “amigos muy cercanos” del expresidente peruano a quienes conocería desde hace 50 años. Aseguró que esas personas “saben de las consecuencias” que recaería sobre ellos si Toledo escapa. Es decir, perderían sus viviendas.
“La huida del Dr. Toledo no solo dañaría la vida de sus amigos financieramente, sería una traición a su amistad y correría el riesgo de manchar públicamente las reputaciones de ellos”, alegó.
El letrado sostuvo también que el exjefe de Estado no tiene más vínculos con otros países además de Perú y EE.UU.; que la vigencia de su pasaporte ha expirado; que existe una alerta roja de Interpol que se activaría en cualquier parte del mundo si él huye; y que su defendido está dispuesto a usar un grillete electrónico para que las autoridades conozcan en tiempo real su paradero.
Pero la fiscal Elise LaPunzina refutó los argumentos de Toledo. En un oficio enviado en la misma fecha advirtió que los amigos del expresidente no viven en California, Estado en el que este está siendo procesado, sino en Washington, Arizona y New Jersey.
Además, explicó que las propiedades ofrecidas no representan una pérdida significativa para Martin Carnoy, Andrea Neves, Eric Bredo y Larry Diamond – los amigos de Toledo- si el exmandatario escapa de Estados Unidos.
LaPunzina cuestiona también que el investigado alegue que no tiene para financiarse un abogado privado pero paga US$6,400 de alquiler mensualmente para vivir en una casa en Menlo Park, San Francisco.
Respecto al reclamo del exlíder de Perú Posible por estar recluido en asilamiento en el penal de San Rita, la fiscal indica que ese régimen es el que aplica al pedido explícito del procesado. Indicó que fue el mismo exjefe de Estado quien pidió un internamiento exclusivo pues alegaba que su vida estaba en peligro.
Los alegatos de ambas partes serán expuestos en la audiencia que se realizará es jueves en la Corte de San Francisco. El juez Hixson decidirá ese día si excarcela al expresidente.
