Hoy será un día crucial para el bienestar del sistema tributario en el Perú. Y es que el Tribunal Constitucional (TC) debe emitir una resolución respecto a la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad que plantea la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421.
Lo cierto es que, si el referido decreto fuera anulado por el TC, entonces el Estado peruano ya no podrá exigirle a 158 empresas deudoras (entre las que se encuentran Minas Buenaventura y Latam), el pago de nada menos que 11 mil millones de soles que ellas deben en impuestos.
Sucede que son 26 las empresas que piden la prescripción de las deudas que se mantienen en discusión en la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Ellas alegan que ya transcurrió el tiempo necesario para ser cobradas.
El Dato: La presidenta del TC, Marianella Ledesma, pidió a la ciudadanía tener una “mirada vigilante” y “deliberante” sobre la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de la deuda tributarias de las grandes empresas que resolverá ese organismo.
Además, hay otras 132 empresas que también están en controversia judicial al no estar de acuerdo con los montos exigidos. Sin embargo, ellas aún no pueden alegar la caducidad de los plazos de cobro.
Las empresas que no quieren pagar esos impuestos son líderes en minería, banca, transporte, alimentos y salud. Además, hay 45 de ellas que accedieron a Reactiva Perú.
La mayor deudora es Minas Buenaventura, con 2 mil 83 millones de soles en litigio. En la lista de estos grandes deudores tributarios le siguen Latam y el Consorcio Minero ExCormin.
Las demás empresas son Electrocentro, Odebrecht, Media Networks, Supermercados Peruanos, Banco Pichincha. Natura Cosméticos, Unión Andina de Cementos, Terpel Comercial del Perú, Banco Interbank, Turboplast, Clínica Ricardo Palma, Sap Perú, Sucden Perú, Minera Laytaruma, Minera Antapaccay, Aceros Arequipa, Electro Dunas, Southern Perú, Metalúrgica Peruana, Dinet, Laive y Distribuidora Continental.
Se promulgó en 2018
El DL 1421 fue promulgado en 2018 para aclarar que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal: los cuatro años de tiempo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido fijada y notificada. Los que impulsan la inconstitucionalidad de dicho decreto, sostienen lo contrario.
