Según el Ministerio Público, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, habría lavado US$11.293 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht, OAS y Graña Montero como producto de la corrupción internacional del caso Lava Jato.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán recibió más de 11 millones de dólares de Odebrecht-OAS y Graña y Montero para la campaña del “No a la Revocatoria” en su contra, la revelación la hizo la fiscal María del Pilar Vela.
“Se integró esta organización Criminal como venía explicando, disponiéndose un favorecimiento de estas empresas que constituían a favor de estas concesiones antes mencionadas, como son las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero. Ello con la finalidad de que la líder de esta organización criminal, la señora Susana del Carmen Villarán de la Puente, se mantenga en el poder y obteniendo activos ilícitos mediante solicitudes y favorecimientos a esta empresas concesionarias, obtener, pues, los activos ilícitos y poder financiar sus campañas”, indicó la fiscal María del Pilar Vela.
“A campaña me refiero a la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales del año 2013 y la campaña electoral de elecciones regionales y municipales del año 2014. Motivo por el cual llegaron a recolectar 11 millones 293,816.68 dólares americanos”, agregó la fiscal María del Pilar Vela.
Como se recuerda, el fiscal José Pérez, acusó a Villarán de la Puente por los presuntos delitos de delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. En consecuencia, solicitó para ella 29 años de cárcel.
Junto con la ex burgomaestre, de las canteras izquierdistas, han sido acusados otras 20 personas naturales, 10 personas jurídicas y 16 terceros civiles.
Así, por ejemplo, el expresidente de OAS, José Adelmario Pinheiro Filho; el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez; el exgerente de Promoción de la Inversión Privada Municipal, Domingo Arzubialde Elorrieta; el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos; el exregidor Marco Antonio Zevallos y otros, están comprendidos dentro de la acusación.
Para ellos, la fiscalía está solicitando penas entre 9 y 25 años de pena privativa de la libertad
Cabe anotar que la fiscalía atribuyó a Villarán y su co-imputados la comisión de 12 hechos delictivos. Entre ellos, sostiene, se produjo una concertación entre la exalcaldesa, sus funcionarios y la empresa brasileña Odebrecht a fin de que ésta sea favorecida con el Proyecto Rutas de Lima en el año 2013.
A cambio, la constructora los habría apoyado con 3 millones de dólares que se habrían usado para contrarrestar el proceso de revocatoria, que pedía la salida de la alcaldesa.
En el marco de dicho proceso, la constructora OAS le habría entregado otros 3 millones de dólares a cambio de la suscripción de la adenda 1 de la concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2013 (donde se acordó ampliar la concesión de la obra por 30 a 40 años a dicha empresa).
De otro lado, respecto a la suscripción del contrato de la concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en el año 2013, la acusación refiere que se habría beneficiado la empresa Graña y Montero y ésta a cambio entregó suma 100 millones de dólares que fueron blanqueados en el proceso de revocatoria municipal.
En el 2014, según la fiscalía, Odebrecht le habría transferido otros US$1′193,816.68 por la ejecución contractual del proyecto Rutas de Lima y que se destinarían a la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, donde Villarán buscaba reelegirse.
Finalmente, otros 4 millones de dólares habrían sido entregados a la exalcaldesa y sus funcionarios por parte de OAS en el marco de la suscripción de trato directo en el Proyecto Línea Amarilla.El dinero también habría sido lavado en la campaña de reelección de Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Según reportó anoche el diario El Comercio, los representantes del Ministerio Público sostienen que los acusados habrían alterado la documentación financiera y brindado una versión falsa sobre los aportes en los procesos electorales a fin de ocultar el ingreso de los activos ilícitos de las constructoras.
