Un reciente reportaje de El Foco reveló que Juan Carlos Alfaro Acuña, sobrino del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha obtenido contratos con el Estado por más de S/1,1 millón durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Alfaro es propietario de las empresas Alac Ooh Perú y Alac Management (antes Alac Outdoor), ambas dedicadas a la publicidad exterior. Los contratos, en su mayoría adjudicados de forma directa, fueron firmados entre 2023 y 2024.
Entre las entidades contratantes figuran ministerios clave como el de Salud (Minsa), Transportes y Comunicaciones (MTC), y Comercio Exterior (Mincetur), así como la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, el mayor beneficiario de los servicios de Alfaro fue Promperú, organismo adscrito al Mincetur, que firmó 24 contratos por un total de S/791.282, principalmente para campañas promocionales como el aniversario de Marca País.
Otros contratos importantes incluyeron al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que pagó S/189.193 por una campaña de 19 días, y al MTC, bajo la gestión de Raúl Pérez Reyes, por S/149.860. El Ministerio de Salud, durante la dirección de Rosa Gutiérrez Palomino, también contrató servicios por S/28.000. En conjunto, el monto total adjudicado asciende a S/1.159.559. Pese a la magnitud de las cifras, Juan Carlos Alfaro no ha respondido públicamente a las solicitudes de entrevista.
El caso genera suspicacias debido a la coincidencia entre estas contrataciones y un proyecto de ley presentado por la congresista de APP, Ediht Julón, que propone beneficios directos para las empresas de publicidad exterior. La norma plantea otorgar licencias sin fecha de caducidad y exonerar del pago por uso del espacio público por tres años. De aprobarse, compañías como las de Alfaro se verían directamente favorecidas.
La propuesta legislativa ha sido duramente cuestionada por autoridades municipales. José Carlos Untiveros, gerente de promoción privada de la Municipalidad de Lima, advirtió que la iniciativa vulnera las competencias locales y permitiría que el uso del espacio público quede en manos privadas “a perpetuidad”. Además, denunció que más de mil paneles publicitarios operan actualmente sin autorización en Lima, lo que refleja una grave falta de regulación en el sector.
