Según informaciones difundidas por el diario El Comercio, un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que el presidente Pedro Castillo lideraría una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.
Según formación del documento de 362 páginas al que accedió el diario El Comercio, señala que se concluyó acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Tarata, Sarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat. También se dispuso remitir copias a la Fiscalía de la Nación para que se realicen investigaciones o se continúe con las que ya se encuentran en marcha contra personajes cercanos al jefe de Estado.
Según las investigaciones congresales, el radio de acción de la presunta organización criminal fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los actos ilícitos se habrían dado desde julio del 2021 hasta fines de ese año.
Elementos probatorios y conclusiones
La Comisión de Fiscalización ha determinado que existen suficientes elementos que apoyan la conclusión de acusar constitucional y penalmente al presidente Pedro Castillo y otros.
Caso Puente Tarata: Uno de los principales casos donde el grupo parlamentario ha encontrado apoyo documentario y testimonial es en la licitación del Puente Tarata al consorcio Puente Tarata III, integrado por la empresa Termirex y otras.
Caso Sarratea: Sobre este caso, los indicios recabados por la Comisión de Fiscalización señalan que las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo eran con el fin de establecer los mecanismos a implementar para presuntos actos criminales en la administración pública, conformando así una organización criminal enquistada en el aparato estatal.
Ascensos en las Fuerzas Armadas: Sobre el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Fiscalización también encontró responsabilidad en el presidente por su intervención al solicitar que se considere los ascensos de diversos militares cercanos a su persona.
Caso Sunat: La Comisión también decidió incluir en los presuntos actos irregulares del exsecretario presidencial Bruno Pacheco con la Sunat, al presidente Pedro Castillo.
Ello, pues se sostiene que Pacheco habría actuado con la anuencia del mandatario quien habría coordinado el apoyo a empresas a través de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera.
Los U$20 mil: El informe de la comisión también desestima los documentos sobre ventas de terrenos y pagos por servicios profesionales presentados por Bruno Pacheco para sustentar el hallazgo de los U$20 mil en un espacio dentro de su oficina cuando era funcionario.
Sería acusado por cuatro hechos
Por ello, la Comisión de Fiscalización ha propuesto que el mandatario sea acusado constitucionalmente por los casos Tarata, Sarratea, Ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat, conforme lo establece el inciso “g” del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Se incluiría los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido.
Además, sería acusado por la infracción de los incisos 1, 3, 4 y 8 artículo 118° de la Constitución: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales, dirigir la política general del Gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, y ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”.
También se propone acusar constitucionalmente por los casos “Puente Tarata” y “Sarratea” al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por el presunto delito de organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Fuente: Diario El Comercio
