La congresista del grupo parlamentario Nuevo Perú, Indira Huilca, exigió al mandatario Martín Vizcarra la disolución del Palacio Legislativo luego del pronunciamiento de su presidente Pedro Olaechea, quien insistió con sacar adelante el proyecto minero Tía María al resaltar los múltiples beneficios que traería aquella inversión al Perú.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria de izquierda aseveró que el titular del Congreso representa los intereses de la empresa Southern Peru Copper Corporation y de la CONFIEP.
“Oleaechea intenta enmendar la plana al Pdte. Vizcarra, insistiendo con #TíaMaría, a pesar de que el 70% de la población del Valle de Tambo se opone al proyecto. Es claro que hay quienes prefieren representar a interés de #Southern y la #CONFIEP, que escuchar a la población”, escribió.
“Seguirán usando como excusa el fracaso de #TíaMaría en vez de legislar para una nueva minería ambientalmente sostenible. El fujimorismo y sus aliados controlan el Congreso con una agenda única: obstruir adelanto de elecciones, apostar por la vacancia y generar desgobierno”, agregó.
“Sr. Presidente @MartinVizcarraC tome la sarten por las manos y cierre el Congreso de una buena vez. Cerremos este ciclo de obstrucción, blindajes e impunidad por el bien de las peruanas y peruanos. #CierreDelCongreso”, apuntó.
La parlamentaria fujimorista Karla Schaefer utilizó su cuenta personal de twitter para responde a la parlamentaria Indira Huilca, le pidió que por el bien de los peruanos devuelva lo que cobró indebidamente al Estado.
Como se recuerda, el Estado pagó una indemnización a Indira Huilca, por el asesinato de su padre Pedro Huilca, el dirigente sindical asesinado en 1992 por el grupo Colina en la puerta de su casa de Los Olivos. Pese a que en ese entonces, el gobierno de Alberto Fujimori, culpó al terrorismo del crimen, los testigos del hecho señalaron al gobierno.
Este caso llevó un largo proceso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando esta expidió sentencia, durante el gobierno de Toledo, el Estado se allanó y aceptó pagar US$250 mil. US$20 mil correspondían a Indira Huilca y, según estipuló el fallo, debía cobrarlos al cumplir la mayoría de edad.
