El día de ayer, jueves, el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó el término anticipado del contrato de concesión de peajes con el Consorcio Rutas de Lima, el cual fue suscrito en enero del 2013, durante la gestión edil de Susana Villarán.
En una sesión encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, el Concejo aprobó esta medida de forma unánime por “afectación al interés público”. López Aliaga ya había adelantado ese interés el último miércoles, en su discurso por el 488 aniversario de Lima, cuando señaló «mañana sale Odebrecht de acá».
Al respecto, Rutas de Lima emitió un comunicado hoy en el que anunció medidas legales contra la Municipalidad de Lima (MML), en instancias nacionales e internacionales, ya que consideraron la decisión como carente «de base legal, contractual y/o fundamento alguno».
Cuestionamientos
En su comunicado, el referido consorcio señaló que los argumentos esgrimidos por el municipio capitalino han sido «desestimados» por tribunales internacionales.
«Rutas de Lima debe resaltar que todos y cada uno de los asuntos alegados por la Municipalidad de Lima, como base de la supuesta afectación al interés público, han sido sometidos al conocimiento y decisión de Tribunales Arbitrales Internacionales, los cuales han desestimado completamente los argumentos y tesis planteados por la comuna mediante la emisión de sendos laudos arbitrales definitivos e inapelables», indicó.
Asimismo, señaló que dichos tribunales ratificaron «la plena validez, vigencia y proporcionalidad del Contrato de Concesión y demás pactos contractuales».
«En tal sentido, es importante mencionar que el actuar de la Municipalidad Metropolitana de Lima desconoce frontal y flagrantemente la calidad de cosa juzgada que adoptan las decisiones jurisdiccionales, evidenciando de este modo que su decisión no responde a criterios técnicos y legales, propios del Estado de Derecho», indicó.
Además, recalcó las «consecuencias negativas» de la decisión del municipio como el uso de recursos públicos para pagar «compensaciones» a la empresa.
«Con motivo de la decisión adoptada se generarán consecuencias negativas para la ciudad, en tanto se tendrá que designar recursos públicos para afrontar el pago de las distintas compensaciones y resarcimientos establecidos en el Contrato de Concesión, y se someterá a la comuna a asumir obligaciones de pago por S/1’458.808.000 (mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones ochocientos ocho mil soles) por concepto de Endeudamiento Garantizado Permitido», subrayó.
Por otro lado, Rutas de Lima señaló que la MML no ha cumplido «con precisar y explicar a la opinión pública» que el término del contrato recién se haría efectivo en «un plazo no menor de 180 días calendario desde la notificación formal de la misma».
El alcalde se pronuncia
Rafael López Aliaga afirmó ayer en TV Perú que no se está cometiendo ninguna expropiación del contrato.
“(Estamos) siguiendo las normas legales, acá no estamos infringiendo ninguna norma legal, ninguna inversión privada, estamos yendo de acuerdo con lo que menciona el contrato. El contrato determina que, cuando hay una violación del interés público, la Municipalidad (de Lima) tiene todo el derecho de declarar la terminación anticipada, pagando las inversiones realizadas, teniendo a un tercero que determine el monto de las inversiones realizadas”, expresó.
Asimismo, el burgomaestre recalcó que la municipalidad también analizará la vigencia de los demás peajes de la capital, administrados por otras empresas.
