La constructora brasileña Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC) manifestó, en un comunicado público, su “inquietud” por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, opuestas a su interés de recuperar S/ 524,5 millones por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla.
Dejando en claro que el cobro del fideicomiso va de la mano con el acuerdo de colaboración, la constructora sostuvo que “la empresa sigue creyendo fuertemente en el respeto manifestado por el propio Gobierno a la separación de poderes y en la importancia de mantener el acuerdo (…)”.
En un comunicado previo, la compañía destacó que el 12 de junio entregó información sobre las planillas de pagos ilícitos de diversas obras no incluidas en el acuerdo, por lo que considera que no ha mentido ni ocultado información.
Para hacer efectivo el cobro de los 524,5 millones de soles, Odebrecht alude al apartado “Obligaciones relacionadas al pago de reparación civil”, del numeral 131 de la sentencia del acuerdo que la jueza María Álvarez aprobó el 17 de junio pasado.
Ese numeral dice textualmente que “si al momento de la homologación del acuerdo, la venta (de la hidroeléctrica) ya fue realizada bajo la Ley 30737, la Procuraduría ad hoc cobrará del fideicomiso vigente en ese momento y el saldo será entregado a las empresas del grupo Odebrecht”.
La venta de Chaglla se concretó el 25 de abril, mucho antes de la homologación del acuerdo, por lo que Odebrecht considera que tiene las herramientas legales para pedir la entrega del dinero del fideicomiso y se proceda a inaplicar la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
No obstante, en el acuerdo que no fue objetado por ninguna de las partes, la jueza Álvarez impuso en el numeral 92 el requisito de que se podía devolver el monto siempre y cuando el equipo especial informe que no existe otra investigación pendiente de la empresa en el país.
Informe fiscal
Para el Equipo Especial Lava Jato, sin embargo, no hay pendientes. En el documento de 11 páginas remitido por Rafael Vela el 26 de julio a la Unidad Funcional del Minjus, al que accedió La República, se interpreta que solo hay investigaciones preliminares en curso (con posibilidad de archivarse) y no preparatorias (proclives a una acusación) fuera del acuerdo. Como las primeras pueden ser archivadas, el fiscal Rafael Vela no las considera como “un proceso penal propiamente dicho”.
Otro de los fundamentos jurídicos de la interpretación se basa en el artículo 100.1 del Código Procesal Penal y del Acuerdo Plenario 050-2011, que impide a los procuradores intervenir en un caso de investigación preliminar, restando peso a un caso de ese nivel.
“El desconocimiento de lo que se acordó y la forma como se pueda materializar el pago de la reparación civil, implicaría que la sentencia de colaboración eficaz se vuelva inejecutable por circunstancias de conocimientos del Procurador Público previos a la firma del acuerdo”, reza el documento.
El fiscal Vela señaló a La República que “nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular. No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio”, en referencia a posibles discrepancias.
Fuentes de este diario señalaron que el procurador Jorge Ramírez fue notificado de este informe fiscal el jueves por la tarde, pero al cierre de esta edición no hubo pronunciamiento oficial ni del Ministerio de Justicia ni de la Procuraduría ad hoc.
El análisis que realice Ramírez será enviado a la Unidad Funcional encargada de decidir si se devuelven los S/ 524 millones a Odebrecht, mediante un informe técnico-legal, similar al enviado por el equipo especial.
Los escenarios
Si la Unidad Funcional (UF) del Minjus, coordinada por Cecilia García Díaz, opta por respaldar el informe del equipo especial, o sea, a favor de la devolución de los S/ 524,5 millones a Odebrecht, y la Procuraduría ad hoc está de acuerdo con esa interpretación, la jueza María Álvarez dispondrá el reembolso a la constructora.
En cambio, si la UF se manifiesta a favor de la Fiscalía, pero la Procuraduría ad hoc está en contra, esta entidad puede plantear que la jueza Álvarez determine si es correcta la opción de la Fiscalía y se ajusta a los términos del acuerdo de colaboración.
Por último, si la Unidad Funcional está en contra de la postura del equipo especial y declara que no procede el pago, los abogados de Odebrecht Ingeniería y Construcción pueden solicitar que la magistrada emita un pronunciamiento sobre la controversia.
En todos los casos, será la letrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción quien tenga la decisión final.
Para el exprocurador Antonio Maldonado, el informe del equipo especial genera incertidumbre, por lo que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debe pronunciarse para aclarar los términos de la misma, antes de que el caso se entrampe y el acuerdo de colaboración se vea afectado en su ejecución.
El excongresista y presidente de la primera comisión Lava Jato Juan Pari consideró que el Ministerio Público tiene que ser fuerte y no se puede someter “a las soluciones que nos impone Odebrecht”.
Señaló que el tema de la devolución de los 524 millones de soles “es la punta de la madeja de la coartada de Odebrecht para solucionar a su favor otros temas que están pendientes, que son al menos 22 proyectos, entre ellos el Gasoducto, Chavimochic, Olmos”.
Visiones contrapuestas
Durante una reciente visita a Loreto, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, sostuvo que el fideicomiso debía continuar retenido en las arcas del Estado.
“Dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro”, declaró.
El conflicto de ambas perspectivas se mantiene debido a que no existe un pronunciamiento de la Procuraduría ad hoc y de la Unidad Funcional del Minjus.
Carretera de Tarapoto
Uno de los puntos que resaltó el informe entregado por el fiscal Vela a la UF del Ministerio de Justicia, fue que, en los recientes días, la compañía constructora reconoció pagos ilícitos en la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en la región San Martín.
Además, fue el fiscal Walter Villanueva Luicho, del primer despacho del equipo especial (a cargo de José Domingo Pérez), quien, mediante el informe N°48-2019, comunicó al grupo de trabajo la inclusión del proyecto al acuerdo.
Otra precisión que se hace es que la Procuraduría especializada podrá calcular un incremento de la reparación civil, inicialmente fijada en S/ 610 millones, además que la constructora se compromete a realizar búsquedas sobre la obra en los sistemas My Web Day y Drousys.
Barata y Boleira revelarán identidad de seudónimos
– Los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Geovana Mori interrogarán el 6 y 7 de agosto a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exejecutivos de Odebrecht, sobre los pagos ilegales en el Gasoducto Sur, pero también por el caso Cócteles que implica a Keiko Fujimori y los aportes a Susana Villarán.
– Se espera que Barata y Boleira revelen las identidades de las personas que están detrás de los seudónimos que albergan los sistemas Drousys y My Web Day.
– Los testimonios se concretaron luego de que se conoció el pago de Odebrecht por el Gasoducto Sur, mediante 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, por más de US$ 3 millones.
