El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, Rafael Vela, negó tajantemente que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, forme parte de una operación política para destituir al presidente de la República, Pedro Castillo.
En entrevista con Exitosa, Vela Barba se refirió a la solicitud del mandatario a la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto a la aplicación de la Carta Democrática bajo el argumento de que la Fiscalía protagoniza hechos que configuran la alteración de la democracia y la promoción de modalidades de golpe de Estado.
“[¿Es o no es parte la fiscal de la Nación de una operación política contra el presidente Pedro Castillo?] Eso es absolutamente falso porque lo que hay detrás de la personificación de quien lidera la institución es un esfuerzo colectivo que no es exclusivamente de Patricia Benavides“, indicó.
Indicó que la investigación del jefe de Estado evolucionó desde que inició en la Fiscalía de Lavado de Activos y de Corrupción de Funcionarios, hasta la decisión de Pablo Sánchez, quien, en calidad de fiscal de la Nación interino, abrió un proceso contra Castillo Terrones.
Enfatizó en que este procedimiento tuvo un avance importante una vez que Patricia Benavides reemplazó a Sánchez en el cargo. “Está continuando con el esfuerzo constitucional, que es parte de la evaluación y madurez que va generándose a partir de los graves elementos que van conociéndose y del uso de figuras elementales en la búsqueda de destruir organizaciones criminales”, explicó.
En esa línea, Vela destacó el mecanismo de colaboración eficaz, el cual, según precisó, produce desde dentro de las estructuras criminales una ruptura general e incorpora a la pesquisa una evidencia notable.
Sobre denuncia constitucional
Asimismo, detalló que la fiscal de la Nación, a través de la denuncia constitucional contra el alto dignatario, ha requerido al Congreso las autorizaciones correspondientes “para que no exista impunidad y para que el presidente pueda responder como cualquier ciudadano” sin perjudicársele el derecho a la defensa.
“Hay un equilibrio entre lo que la sociedad demanda, que es proscribir la impunidad y un tratamiento igualitario, y también un equilibrio del derecho del presidente a poderse defender de los graves cargos que se le imputan”, comentó. “No estamos hablando de que aquí exista [una operación política] sino lo que corresponde al trabajo técnico del Ministerio Público”, reiteró.
Por último, aseguró que las acusaciones contra la Fiscalía desempeña un papel político representan “la búsqueda de cuestionar y desacreditar a quien investiga”, a pesar de que las acciones de la institución provienen de un análisis técnico, “que es donde nos mantenemos”.
