Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República busca regular la actividad de los influencers y creadores de contenido digital. La iniciativa legislativa N.º 13313/2025-CR, presentada por el congresista Wilson Soto, plantea que estas figuras públicas deberán contar con un título profesional o certificado oficial para difundir información en redes sociales cuando esta pueda afectar la vida, la salud o el patrimonio de las personas. Con ello, se pretende garantizar mayor responsabilidad y calidad en los mensajes que circulan en el entorno digital.
El documento resalta que el objetivo principal es regular el ejercicio de estos comunicadores, estableciendo obligaciones y condiciones claras para quienes difunden contenido relacionado con salud física y mental, educación, seguridad o patrimonio. Según el proyecto, se busca reducir la desinformación en temas científicos y técnicos, asegurando que solo personas con formación especializada puedan emitir opiniones o consejos en materias sensibles donde la información errónea podría generar riesgos.
Asimismo, la propuesta establece una serie de requisitos obligatorios para los creadores de contenido. Entre ellos, ser mayor de edad o contar con un administrador adulto en caso de menores, disponer de un título profesional o certificado oficial de especialización, cumplir con la verificación previa de la información difundida y citar las fuentes correspondientes. Además, deberán registrarse en el Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, y deberán transparentar si la difusión de contenido se realiza de manera remunerada, gratuita o como colaboración pagada.
El proyecto también detalla un régimen sancionador que estaría a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Las infracciones muy graves podrían implicar la inhabilitación para ejercer como influencer por un periodo de 60 días hasta un año, o incluso la suspensión del ejercicio profesional por hasta tres años. En el caso de infracciones graves —como la difusión de información falsa sobre tratamientos médicos— las multas podrían alcanzar las 5 UIT, equivalentes a S/26.750.
Entre las conductas consideradas sancionables figuran la difusión de información falsa que ponga en riesgo la vida o la salud de las personas, recomendaciones de alimentación que puedan causar daño, y contenidos engañosos que afecten el patrimonio o induzcan a la comisión de delitos. Con estas medidas, el proyecto de ley 13313 busca establecer un marco regulatorio que asegure una comunicación digital responsable, transparente y confiable para los millones de usuarios que consumen contenido en redes sociales.
