Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea un cambio significativo en la regulación del entorno digital peruano. Se trata de la propuesta legislativa N.º 13268/2025-CR, impulsada por la congresista Katy Ugarte Mamani, que busca prevenir, prohibir y facilitar la denuncia de actos discriminatorios cometidos a través de plataformas digitales y redes sociales. La iniciativa pretende cerrar un vacío normativo y garantizar un espacio virtual más seguro y libre de discursos de odio.
La propuesta surge debido a la creciente preocupación por el uso de las tecnologías de la información como nuevos escenarios donde también se reproducen prácticas discriminatorias, pese a que estas ya están tipificadas y sancionadas en la legislación peruana. Según el documento, las plataformas digitales se han convertido en canales donde proliferan insultos, descalificaciones y discursos de odio dirigidos a personas o grupos protegidos constitucionalmente, afectando su dignidad, reputación y bienestar psicológico.
El proyecto de ley establece claramente cuáles serían las conductas prohibidas en los entornos digitales. Entre ellas se incluyen la difusión de mensajes que promuevan o inciten actos discriminatorios, la realización de expresiones degradantes contra grupos protegidos y la promoción de prácticas de exclusión o violencia por motivos discriminatorios. Estas acciones serían sancionadas en plataformas como redes sociales, servicios de streaming, páginas web y otros sistemas accesibles al público.
Una de las novedades más relevantes de esta iniciativa es que faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a recibir denuncias y actuar de oficio cuando se identifiquen actos discriminatorios en el entorno digital. Esto permitirá que cualquier persona afectada pueda presentar quejas ante ambas instituciones sin necesidad de intermediarios, reforzando la protección de los derechos fundamentales.
Finalmente, el proyecto de ley deberá ser evaluado por la comisión correspondiente antes de ser debatido en el Pleno del Congreso. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la norma y definir los protocolos de ejecución a nivel nacional. Así, el proyecto de ley 13268 busca consolidarse como un instrumento clave para proteger la dignidad humana y garantizar la igualdad en un entorno digital en constante expansión.
