El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en el Perú, advirtiendo que aquellos que no se sometan al proceso de identificación y formalización impulsado por el Gobierno serán considerados como personas potencialmente expulsables. Según indicó, se trata de una estrategia que busca ordenar la situación migratoria y distinguir entre quienes desean integrarse legalmente al país y quienes están vinculados a actos delictivos.
Durante su declaración, Adrianzén subrayó que el Perú es el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos, después de Colombia, y que Lima ocupa el cuarto lugar entre las ciudades con más ciudadanos de ese país en el mundo. En ese contexto, recalcó que existen venezolanos que han llegado con intenciones de trabajar y aportar, pero también otros que han ingresado para delinquir, por lo que es necesario establecer un control riguroso de su permanencia.
El premier explicó que se implementará un proceso de formalización que permitirá a los ciudadanos venezolanos regularizar su situación migratoria. Aquellos que no participen del proceso serán considerados en condición irregular y sujetos a ser expulsados del país, aunque este hecho no constituya un delito penal. Sin embargo, aclaró que si una persona expulsada intenta reingresar al país por el mismo punto fronterizo, entonces sí incurriría en un delito.
Además, Adrianzén anunció que se tomarán medidas en otros ámbitos para fortalecer esta política migratoria. Una de ellas es exigir a quienes alquilan inmuebles a extranjeros que verifiquen la documentación migratoria de sus inquilinos, promoviendo así la participación de los arrendadores en el proceso de regularización y formalización.
Finalmente, el premier también puso sobre la mesa la necesidad de investigar el origen y destino del dinero proveniente de actividades delictivas, como la extorsión. “¿Qué se hace con ese dinero? ¿Se está enviando a Venezuela? ¿Qué recursos se están utilizando? ¿Qué vías se están utilizando? ¿Agencias bancarias o alguna otra?”, cuestionó. Con estas medidas, el Ejecutivo busca trazar un mapa claro sobre la presencia extranjera en el país y reforzar la seguridad ciudadana.
