El Poder Judicial (PJ) ha ordenado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo Terrones en el marco de la investigación por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública relacionados con el Golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida incluye el registro histórico de las llamadas y mensajes de texto del número 970064317, atribuido a Castillo, y de otros nueve chips de celulares encontrados durante el allanamiento realizado tras su detención.
La decisión judicial se basa en la necesidad de esclarecer si hubo comunicaciones y coordinaciones entre Castillo Terrones y los investigados Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vásquez, así como con terceras personas, antes y después del golpe de Estado. La fiscalía busca determinar si se planificaron y coordinaron los actos preparatorios y ejecutivos del delito de rebelión o conspiración, incluyendo el mensaje a la Nación emitido por el expresidente.
La medida ha sido autorizada por el juez de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, quien consideró que el levantamiento del secreto de las comunicaciones es una medida permitida por la Constitución y la ley, siempre y cuando se respeten las garantías correspondientes. El juez indicó que la medida permitirá obtener información directa sobre los titulares de los números telefónicos y los chips hallados en la residencia presidencial al día siguiente del golpe de Estado, así como conocer el contenido y tráfico de llamadas y mensajes de texto.
En respuesta a la medida, las empresas telefónicas deberán proporcionar los detalles del tráfico de llamadas y mensajes de texto correspondientes al período del 2 al 16 de diciembre de 2022 en un plazo de 48 horas. Esta acción busca obtener datos objetivos y esclarecer los hechos delictivos investigados.
Cabe destacar que el expresidente Castillo no se opuso al levantamiento del secreto de sus comunicaciones y fue debidamente notificado del requerimiento fiscal. El proceso judicial continúa con el objetivo de establecer la verdad y determinar las responsabilidades en relación con el Golpe de Estado.
