El exsecretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, regresará al penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, para cumplir la prisión preventiva de 36 meses que le dictó el Poder Judicial mientras la Fiscalía lo investiga de haber recibido presuntamente US$1 millón ilícitos de Odebrecht para financiar la campaña de Keiko Fujimori.
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia declaró fundada la apelación interpuesta por el exdirigente fujimorista, quien en junio pasado fue trasladado de Castro Castro al penal de Ancón I tras pedido del fiscal José Domingo Pérez.
El argumento del tribunal presidido por César Sahuanay es que el juez de primera instancia no tenía competencia para decidir el cambio de prisión del investigado. Es el INPE la autoridad competente de decidir a qué centro penitenciario van los detenidos.
«El fiscal provincial penal ha formulado un requerimiento no ajustado a derecho y el juez lo ha concedido, debiendo corregirse tal situación, pues dicho requerimiento es manifiestamente improcedente», se lee en la resolución a la que accedió Perú21.
El fiscal Pérez había solicitado esa medida al señalar que, de acuerdo a un colaborador eficaz, Yoshiyama se había comunicado con sus coinvestigados, el exasesor de Fujimori, Pier Figari, y el exrepresentante legal de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), Luis Mejía Lecca, para que no declaren ante el Ministerio Público.
Según el testigo, Yoshiyama les dijo “que todos guarden silencio, ya que iba a sacarlos a todos, por cuanto tenía todo en orden y que su abogado se encargaría de ello”.
Este diario se comunicó con Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien aseveró que su patrocinado debería retornar al penal Castro Castro. «Y digo debería porque aquí y en el África todo es en condicional», comentó.
