Este martes, de manera virtual, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley aprobada por insistencia en el Congreso el 7 de mayo, que ordena suspender el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la pandemia, según el diario La República.
El procurador público representante del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, Luis Huerta, explicó que el recurso se sustenta sobre tres criterios.
En ese sentido, dijo que el Ejecutivo considera prioritario mantener operativa la red vial para el movimiento de personas y vehículos, para lo cual se necesita el financiamiento que proviene, precisamente, del cobro de peajes.
Es decir, que de acuerdo con esta posición, el Legislativo se habría extralimitado en sus funciones. De otro modo, se podría asumir que el Congreso es capaz de decidir dónde hay o no cuarentena, o si hay o no toque de queda. Ese es el argumento central. Nos interesa dejar en claro qué no puede hacer (el Parlamento)”, dijo Huerta.
Asimismo, los otros artículos constitucionales invocados son el 58, que reconoce que el Estado puede intervenir en ciertas áreas como la infraestructura vial para el desarrollo del país y el 62, que establece que las leyes no pueden modificar los términos contractuales.
