La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha dado a conocer una serie de medidas para abordar la creciente inseguridad ciudadana en el país. Estas llegan en medio de comparaciones con el enfoque implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su «Plan Bukele» para combatir la criminalidad en su país.
Boluarte anunció que su gobierno tiene previsto emitir más de 30 normas enfocadas en la lucha contra diversas formas de delincuencia, incluyendo la extorsión, estafa, robo, hurto y el uso ilegal de celulares. Además, se contempla la penalización del uso de celulares robados y la expulsión de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos flagrantes.
Estas medidas, según Boluarte, están dentro del marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República. La presidenta subrayó la importancia de atender las demandas de la ciudadanía en cuanto a la seguridad y pidió que el Congreso dé prioridad a la consideración de estas medidas.
«Los poderes e instituciones del Estado tenemos que cerrar filas frente a la delincuencia y el crimen, poner por encima de todo las necesidades de nuestra población. Sobre todo, tenemos que trabajar unidos y actuar con sentido de urgencia», enfatizó Boluarte.
La presidenta también destacó el papel de la población en la lucha contra la criminalidad y agradeció a la Dirección de Seguridad Ciudadana por fomentar la colaboración entre las autoridades y la comunidad. Actualmente, existen más de 11 mil juntas vecinales y más de 3 mil redes de cooperantes comprometidos con la seguridad ciudadana en todo el país.
La implementación de estas medidas ha generado comparaciones con el «Plan Bukele» de El Salvador, que ha sido elogiado por su enfoque en la reducción de la criminalidad. El primer ministro Alberto Otárola comentó que se podría considerar adoptar medidas similares en Perú. Sin embargo, también enfatizó la importancia de adaptar las políticas a las circunstancias específicas del país.
El gobierno de Dina Boluarte busca reforzar la eficiencia policial y promover una policía más cercana a la población y las comunidades como parte de su estrategia para abordar la inseguridad ciudadana en Perú.
