Un nuevo acuerdo de colaboración eficaz del exdirectivo de la empresa Graña y Montero, Hernando Graña Acuña, fue aprobado por el Poder Judicial en diciembre pasado, según informó la Procuraduría General del Estado.
Precisaron que en la resolución del pasado 12 de diciembre de 2022, el juez John Pillaca aceptó el convenio al que arribaron la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público.
En el acuerdo, el exdirectivo de Graña y Montero recibió una sentencia que le prohíbe volver a contratar con el Estado peruano y pagará una reparación civil de S/ 17.7 millones por los daños causados al país por sus delitos. La cancelación total del pago se realizará en un máximo de 120 días después de emitida la sentencia que ha aprobado el acuerdo.
Colaboración
Hernando Graña Acuña, quien reconoce delitos de corrupción, deberá colaborar con la justicia entregando valiosa información en seis carpetas fiscales, entre las cuales se encuentran el caso ‘Club de la Construcción’ y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
El pago que realizará Graña Acuña será adicional a los S/ 39.9 millones que pagará José Graña Miró Quesada por su acuerdo de colaboración eficaz aprobado recientemente, así como adicional a los S/ 500 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), cuyo acuerdo fue presentado al Poder Judicial en setiembre de 2022 y está pendiente de aprobación.
“Esta colaboración eficaz es muy importante porque, además de complementar lo dicho por el señor José Graña, fortalece la tesis fiscal en varios casos, cuyos juicios orales ya han empezado o se iniciarán pronto”, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
“Al igual que el pago que realizará el señor Graña Miró Quesada, la indemnización que pagará el señor Graña Acuña representará un cobro importante a favor del Estado en materia de reparaciones civiles de personas naturales por delitos de corrupción”, agregó la abogada del Estado.
