El congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, presentó el proyecto de ley N.º 11750/2024-CR, con el que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal para que únicamente jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado. La iniciativa excluye expresamente a magistrados provisionales o supernumerarios de participar en procesos penales que involucren a autoridades comprendidas en el artículo 99 de la Constitución.
El proyecto plantea cambios en los artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del código, e indica que las investigaciones deberán ser conducidas exclusivamente por fiscales supremos titulares designados por la Fiscalía de la Nación. Asimismo, se dispone que la Sala Penal de la Corte Suprema elija a los jueces supremos titulares que actuarán como jueces de investigación preparatoria y conformarán la Sala Penal Especial encargada de estos procesos.
Esta reforma abarcaría procesos penales contra el presidente de la República, ministros de Estado, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, fiscales supremos, entre otros altos funcionarios. Además, también se aplicaría a personas que estén involucradas en los mismos hechos delictivos que estas autoridades, quienes serían procesadas bajo la misma jurisdicción especializada compuesta exclusivamente por magistrados titulares.
Según Gonza, el objetivo del proyecto es reforzar la legitimidad, independencia y transparencia en procesos de alto perfil, minimizando el riesgo de presiones políticas. En el documento se advierte sobre la creciente cantidad de plazas provisionales en el Ministerio Público, las cuales, según el congresista, no garantizan los niveles de autonomía necesarios para investigar a funcionarios de alta investidura.
Esta propuesta se suma a otra presentada por Perú Libre el pasado 19 de junio, que busca declarar en emergencia al Ministerio Público por seis meses. Dicha iniciativa contempla la destitución del fiscal de la Nación y de los fiscales supremos actuales, así como su reemplazo por una Junta Transitoria designada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un concurso público. Ambos proyectos reflejan una ofensiva legislativa del partido contra las estructuras actuales del sistema fiscal y judicial.
