La bancada de Perú Libre presentó un polémico proyecto de ley que busca modificar el código penal para castigar con cárcel a los aspirantes a colaboradores eficaces que mientan sobre la participación o pertenencia de terceros en delitos o estructuras criminales.
La iniciativa legislativa, titulada ‘Ley que modifica el código penal para garantizar el principio de presunción de inocencia en el proceso penal y la eficiente administración de justicia’, fue ingresada al Congreso el último miércoles 20 por el parlamentario Segundo Quiroz, quien también plantea otros cambios como la tipificación del delito de «revelación y difusión de información clasificada» y la modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El proyecto de ley de Perú Libre pretende introducir un nuevo texto al artículo 409 del Código Penal, que sanciona la falsedad de juicio, para establecer que «si un aspirante a colaborador eficaz atribuye a una persona haber cometido un delito a sabiendas de que es inocente o revela información sobre la estructura de una organización criminal que sabe que es falsa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años».
Asimismo, se advierte que el testigo que, en su declaración, le atribuya a una persona el haber cometido un delito a sabiendas de que es inocente, será castigado con la misma pena. Estas modificaciones estarían dirigidas a limitar o intimidar a las personas que se acojan a la figura de la colaboración eficaz, lo cual debilitaría esta herramienta que utiliza el Ministerio Público para avanzar en sus investigaciones.
Críticas al proyecto de ley
El abogado penalista Andy Carrión señaló a La República que el proyecto de ley de Perú Libre es innecesario y perjudicial, ya que existe una regulación al respecto en el artículo 438 del Código Penal, que tipifica el delito de falsedad genérica, el cual establece que una persona no puede brindar datos o información falsa a una autoridad del Ministerio Público.
Carrión explicó que el proyecto de ley buscaría limitar los procedimientos de colaboración eficaz y enviar un mensaje a quienes opten por acogerse a esta figura tras admitir su participación en un delito o estructura criminal. «Esto naturalmente impactaría negativamente en los procedimientos que se llevan adelante, ya que el fiscal no es que tome ciegamente la información que le brinda el colaborador, sino que tiene que desplegar actos de corroboración. Afectaría los casos porque ya el colaborador estaría bajo amenaza y no podría brindar toda la información que finalmente va a ser filtrada por la fiscalía competente», indicó.
