El presidente Pedro Castillo señaló que no permitirá que se manche su trayectoria, luego de que él mismo acudiera al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para solicitar que se programe su declaración testimonial para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno.
«Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan: han sido los arreglos y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú, han sido las redes de corrupción los que llevaron al abismo», indicó.
El presidente dio estas declaraciones durante una actividad en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. A este lugar también acudieron el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la Policía; sin embargo, no fue posible consultarles sobre la frustrada expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados con actos delictivos.
Recientemente el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra funcionarios de Petroperú y otros por el presunto delito de colusión simple y negociación incompatible por la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators.
Las indagaciones comprenden al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y los funcionarios Gunther Document Celis, gerente del departamento de distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de cadena de suministros; y Roger Liy, gerente del departamento de compras e hidrocarburos de Petroperú, en calidad de autores de los delitos descritos.
Como parte de estas diligencias, según un acta fiscal, Pedro Castillo no autorizó el ingreso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial al personal del Ministerio Público que acudió a Palacio de Gobierno como parte de las diligencias tras la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú ganada por Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien se había reunido con el jefe de Estado.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso RPP Noticias, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina le pidió al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio, Julio Ernesto Salas Becerra, que se comunique con Carlos Jaico, secretario general de Palacio, para que se disponga el acceso al recinto a fin de requerir la exhibición voluntaria de documentos.
«Es así que el señor Julio Ernesto Salas Becerra refiere que el secretario general Carlos Jaico le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia», dice el texto.
Presidente entregó «voluntariamente» información
Esta mañana, el abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo en los cuatro procesos por los cuales se le ha iniciado una investigación preliminar, aseguró que en la reciente diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina solicitó que «voluntariamente» se le entregue las imágenes de las cámaras y otros materiales.
«No era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio. Se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido», indicó.
«El problema ha surgido, el señor presidente, supuestamente era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado», agregó.
En entrevista con RPP Noticias, Pachas Palacios calificó de «completamente falso» que Pedro Castillo haya pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reitre al fiscal encargado de esta diligencia; no obstante, precisó que esto fue solicitado ante la fiscal provincial Norah Córdova.
El abogado de Pedro Castillo también insistió en que la diligencia llevada a cabo el pasado 20 de diciembre «era una disposición» en la que la información que fue pedida por el fiscal a cargo fue entregada «voluntariamente». Asimismo, precisó que en el caso PetroPerú «no tiene el nivel de testigo, de imputado ni ninguna intervención».
