El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que se excluya al fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo -uno de los responsables de la diligencia del último lunes en Palacio de Gobierno- de las actuaciones de la fiscalía en la investigación de la presunta negociación incompatible de un contrato en Petroperú.
En el documento -presentado este martes a las 8:30 a.m. de manera virtual, según fuentes de RPP Noticias -se sustenta el pedido contra Medina Rodrigo por haber «actuado en la diligencia del 20 de diciembre del 2021, de forma abusiva y ha incumplido sus funciones». Además, califica de ilegal que el fiscal haya filtrado documentos de la diligencia a la prensa y cuestiona que el magistrado «no tiene la competencia funcional ni el cargo de Fiscal de la Nación para realiza diligencias y búsqueda de pruebas en contra del presidente en ejercicio»
«Luis Alberto Medina Rodrigo ha querido realizar diligencias en la Secretaria del Despacho Presidencial, quitándole celulares, maquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todos las personas se les oponía», dice el documento.
«…este Fiscal Adjunto las amenazaba con señalar que las iba a denunciar por el delito de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA. Por tanto es ilegal su actuación, ya que su disposición nunca detallo a las personas, la hora, la oficina, los objetos de teléfonos, maquinas, declaraciones de testigos y que estos puedan tener su abogado defensor», agrega.
Además, el documento señala que el fiscal Medina Rodrigo actuó de tal manera porque el segundo punto de la disposición fiscal es «amplio, genérico, impreciso, vago, confuso y que se presta a cualquier tipo de interpretación» ya que indica que se «realice cualquier otra actuación que se presente eventualmente el día que se lleve a cabo la diligencia antes mencionada, para lo cual el personal fiscal dispondrá lo que corresponda en el acto».
El primer punto de la disposición solicita la entrega de copias de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de Palacio de Gobierno y cuaderno de registro de visitas del periodo comprendido entre el 15 al 28 de octubre, fechas en las que el presidente Castillo se habría reunido con el empresario comercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh Giha y con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, dos semanas antes que el proveedor visitante ganara una licitación por 74 millones de dólares.
