El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, solicitó al Poder Judicial que se excluya como prueba el acta policial que registra su detención tras el golpe de Estado que lideró en diciembre del 2022.
Según su defensa, dicho documento vulnera sus derechos al debido proceso, presunción de inocencia y no autoinculpación. Además, cuestiona la legalidad de su intervención cuando intentaba refugiarse en la Embajada de México.
El juez Juan Carlos Checkley programó para el lunes 18 de setiembre una audiencia para evaluar el pedido de Castillo, quien fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente.
