Este jueves 10 de noviembre se llevó a cabo la marcha denominada marcha ‘Toma de Lima’. Horas antes de realizarse, Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con los promotores de esta movilización, Marino Flores y Lourdes Huanca; esto, luego de que se conociera que el propio presidente del Parlamento José Williams, decidió suspender sus actividades en el Congreso por motivos de esta movilización.
Tres abogados constitucionalistas respondieron a Infobae, sobre si Castillo Terrones habría cometido una infracción constitucional al no tomar acción para que se garantice la seguridad de los parlamentarios y demás trabajadores del Legislativo. Alejandro Rospigliosi, quien ha sido jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República, menciona que la fiscal de la Nación, debería abrir una investigación por este haberse reunido con los promotores de esta movilización.
“El Congreso no ha sesionado hoy como todos los jueves por esta marcha que atenta contra la seguridad de los congresistas y los trabajadores; ¿Qué hacen los promotores de la marcha en Palacio de Gobierno? Esto es muy grave. La fiscal de la Nación, de oficio, debe iniciar una investigación preliminar. En este caso, podría incluso hacer una denuncia constitucional ante el Legislativo”, esgrimió.
Del mismo modo, Rospigliosi refiere que no solo habría incurrido en la falta al artículo 117 de la Constitución, sino que, además, habría habido otras vulneraciones a la propia Carta Magna y que, no solo el Congreso habría detenido sus funciones, las oficinas del Ministerio Público y el Poder Judicial ubicadas en la avenida Abancay también se han visto en la misma situación, haciendo quesea más de una entidad la que no habría podido realizar sus actividades.
“El presidente es el encargado de hacer cumplir la Constitución y la ley, el derecho a la tranquilidad pública, el derecho al libre tránsito está en la Constitución, ¿Quién es el presidente para azuzar la violación de estos derechos? No solamente el Congreso y el Ministerio Público que están ubicados en la avenida Abancay cerca al Congreso, hoy no han atendido al público, gracias a esta marcha que promueve el presidente; a mí no me lo han contado, yo mismo he ido al Poder Judicial y muchos jueces y litigantes renegando en la puerta porque a consecuencia de esta marcha no han podido ver sus casos que demoran años”.
Agregó también que, el Congreso debería formular la demanda constitucional en contra del presidente Castillo, pero va a ser de suma importancia que Benavides Vargas actúe a la brevedad abriendo una investigación preliminar para poder levantar el secreto bancario de los promotores y asistentes a esta marcha y saber la fuente de financiamiento que generó que el parlamento no pueda llevar a cabo sus actividades.
El abogado constitucionalista y profesor de posgrado, Erick Urbina, sostiene que, de comprobarse que el jefe de Estado no solo tenía conocimiento de esta protesta contra el Congreso, sino que también ha efectuado como auspiciador de la misma, sería causal de ser denunciado constitucionalmente.
“Si se comprueba que el presidente Castillo no solamente es conocedor de esta reunión, sino que, además, las facilita o financia con la intención de obstruir el normal funcionamiento del parlamento, encaja perfectamente en la causal para la acusación constitucional. La denuncia puede ser presentada, después de ello se deben realizar las investigaciones”, señaló.
Además, Urbina indica que el presidente sí habría infringido el artículo 117 de la constitución, puesto que, al sostener una reunión con los promotores de esta marcha, ha podido tener conocimiento cuáles son las motivaciones de su protesta y a sabiendas de ello, no haber tomado acción para garantizar las actividades del parlamento es que cae en la falta a la Carta Magna.
“A mi juicio sí falta al Constitución porque si él sabía cuál era el fin de esta marcha y no ha hecho nada para impedirla, claramente está facilitando y de manera activa o pasiva está permitiendo que el parlamento no pueda sesionar y hay otro elemento a tener en cuenta la suspensión que ha sido declarada por el Congreso, sino que tampoco su ministro del Interior quien debía acudir hoy ha ido y él mismo dijo que no iría por la protesta”, argumentó.
Carlos Hakansson, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Piura coincidió con sus colegas en cuanto a la aparente infracción a la Constitución por parte de Castillo, pero que, el presidente en caso deslinde o indique que no está de acuerdo con la movilización que se está llevando a cabo y que, despliegue el contingente policial para que puedan repeler la manifestación, ello podría librar de responsabilidad al mandatario.
“El presidente debe deslindar, él va a decir que no tiene la culpa, aunque podamos presumir que él tiene relación, importante es que los congresistas de oposición y el presidente del Congreso le exijan un deslinde y garantice la seguridad al parlamento, que tome posición, caso contrario se puede aplicar una demanda constitucional por infringir el artículo 117″, acotó.
¿Quiénes son los promotores con los que se reunió el presidente Castillo?
Según el registro de visitas a Palacio de Gobierno, Marino Flores Gonzales sostuvo una “reunión de trabajo” con el jefe del gabinete técnico Luis Alberto Mendieta, esto fue por el lapso de dos horas y cincuenta y siete minutos; lo mismo sucedió con Lourdes Huanca Atencio, con quien también sostuvo la reunión desde las 5 de la tarde hasta casi las 9 de la noche (en las mismas horas que estaba Flores Gonzáles).
Se sabe que Lourdes Huanca fue la mujer que acompañó a Yenifer Paredes hasta la sede de la Fiscalía cuando se ordenó su orden de detención; además, el hijo de la también presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, obtuvo un contrato con el Estado por la suma de 89 mil 600 soles.
En tanto, Marino Flores ha fungido en el Midagri, también registra ingresos en al menos 50 ocasiones a Palacio de Gobierno, su hijo adoptivo suscribió contratos con el Estado de un total de 49 mil soles y según el JNE, en el 2020 postuló a las elecciones congresales con la agrupación política Runa.
