Carlos Lozada Contreras, quien juramentó a mediados de febrero como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Edmer Trujillo, afronta una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.
Según ‘Cuarto Poder’, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la investigación preparatoria contra Lozada y otras cuatro personas.
La investigación está referida a presuntas irregularidades en el contrato que en mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional, cuando Lozada era director ejecutivo de esta entidad, y la empresa española Constructora San José por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz en Puno, proyecto que hoy se encuentra paralizado y con contrato resuelto.
Las irregularidades en esta obra, que tuvo un valor inicial de más de S/242 millones, fueron denunciadas por una de las empresas competidoras que había perdido la licitación y que sostenía que el contrato se suscribió con una firma que no había acreditado el RUC, el registro único de contribuyente, ni su código de cuenta interbancario.
Al respecto, Lozada argumentó que una disposición de la ley de contrataciones establece que en aquellos casos en los que el contratista no tenga código de cuenta interbancaria, el Banco de la Nación le abre una cuenta de oficio para depositarle los dineros de las distintas etapas de la obra.
Sin embargo, en el contrato con Provías Nacional, suscrito el 15 de mayo de 2018, la empresa española aparece sin RUC, algo llamativo, teniendo en cuenta que es un requisito básico para cualquier persona, natural o jurídica, que genere ingresos en el país.
Incluso, en un documento que Constructora San José envió a Provías el 14 de mayo de 2018, un día antes de firmar el contrato, la empresa española le dice a la entidad pública que se encuentra constituyendo una sucursal en el Perú y que una vez que se concrete eso, recién tendrá RUC.
Además, le propone suscribir a futuro una adenda al contrato, en la que se estipule que, una vez constituida, será la sucursal la que se encargue de la obra. Esta última recibió dineros por avance de obra sin tener el registro nacional de proveedores.
La fiscalía sostiene que ninguno de los funcionarios de Provías, implicados en el proceso de verificación de la documentación entregada por la empresa antes de la firma del contrato, hizo observación alguna respecto a la ausencia de estos requisitos, así como de la propuesta de adenda.
El hoy ministro Lozada firmó el contrato el 15 de mayo de 2018 sin que hiciera observación alguna respecto a que la empresa no tenía RUC. Una medida cautelar presentada por la empresa competidora denunciante paralizó las obras. Luego esto se retomó, pero desde noviembre del año pasado no se ejecutaba ningún avance.
A casi dos años de firmarse el contrato, para enero pasado apenas presentaba un avance de 45%, con un desembolso superior a los S/94 millones. El 18 de febrero pasado, Provías Nacional resolvió el contrato con Constructora San José, argumentando que la empresa se mostraba renuente a reiniciar las obras.
Fuente: Correo
