El ministro de Justicia, José Tello, justificó el proyecto de ley N° 4271, presentado días atrás por el Poder Ejecutivo al Congreso, el cual busca modificar el Código Penal «a fin de reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia».
La iniciativa, que plantea endurecer las penas de delitos cometidos «durante el estado de emergencia y la convulsión social», propone, entre otros aspectos, aumentar de 8 a 14 años las penas para lesiones leves (la pena actual es de 2 a 5 años) y sanciones entre 4 y 8 años para formas agravadas de daños de bienes (actualmente la pena es de 1 a 6 años).
Al respecto, en entrevista con RPP, Tello Alfaro evitó calificar como autoritario a esta iniciativa que busca agravar las penas vinculadas a delitos que se cometan en una situación de convulsión social como las protestas que se registran a nivel nacional. Según dijo, «no solamente es una postura del Poder Ejecutivo, sino de integrantes del Consejo de Estado».
“Nosotros, atendiendo el pedido del Poder Judicial, trabajamos en un proyecto que se termina presentando el año pasado (propuesta), cuando tuvimos los Consejos de Estado orientados a atender la situación de la crisis política en su etapa inicial. El proyecto se presenta este año, a inicios de este mes. Este proyecto tuvo una serie de cambios», precisó.
“Hay que separar las cosas: está bien el contexto de protesta que tenemos, hay que ser respetuosos de la protesta, pero también hay que ser cautos en que la protesta no se puede degenerar y terminar en actos de violencia. Creo que todos lo entendemos porque una cosa es salir a protestar a las calles y otra es ir a tomar aeropuertos”, agregó.
Informe sobre las protestas en el Perú
Días atrás, Amnistía Internacional pidió a las autoridades peruanas «abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza» a la hora de responder a las manifestaciones sociales que se extienden en el país ante la grave crisis política.
“La represión estatal en contra de quienes protestan solo está profundizando la crisis en Perú. Las autoridades deben poner fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones y garantizar el derecho a la protesta pacífica, usando los medios legales y proporcionales necesarios para restablecer la seguridad ciudadana”, dijo en un pronunciamiento.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que, para evitar que la violencia siga escalando, las autoridades deben «buscar diálogo y poner los derechos humanos como eje central de su respuesta a la crisis”.
La organización indicó que «ha verificado imágenes de policías disparando bombas lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los manifestantes» en la plaza San Martín, en el centro de Lima.
“La fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional y con un propósito legítimo, que luego pueda ser sometido a un proceso de rendición de cuentas. Ante situaciones de violencia, las fuerzas del orden deben individualizar la respuesta hacia quienes sean responsables de generar disturbios o poner en riesgo la vida y la integridad de las demás personas”, refirió.
Amnistía Internacional también consideró que se deben «investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos» en el contexto de la actual crisis.
“A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la vigencia, desde marzo de 2020, de la Ley de Protección Policial (N.º 3110), que deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional quede en la impunidad, lo que contraviene las obligaciones del Perú bajo el derecho internacional”, remarcó.
