El Ministerio de la Mujer mantuvo en reserva el caso de Daniel Mora desde marzo del año pasado. A esto se suma que el Poder Judicial detectó una sospechosa negligencia que perjudicó la investigación.
En el caso de la gestión de Gloria Montenegro, su despacho publicó un comunicado donde admitió que conocía el tema desde hace diez meses, pero solo asesoró al inicio, para recién retomar su labor luego de que la prensa reveló el presunto delito.
“Desde el Centro de Emergencia Mujer [CEM] Comisaría de San Borja, se atendió a la señora Lilia Jáuregui, brindando soporte legal, asistencia psicológica y gestionando la terapia en el centro de salud ‘Todos los santos’, además de gestionar y obtener medidas de protección”, indicaron.
En otro párrafo, el ministerio cuenta que dejaron el trámite de la denuncia en manos de la Policía Nacional y el Poder Judicial, entidades que debían remitir los actuados al Ministerio Público. Es decir, reconocen que desde entonces no hicieron nada más, como denunciara en la víspera Jáuregui.
“Del seguimiento hecho por el CEM, se verificó que dicha remisión se realizó el 16 de enero de 2020”, se agrega, para finalizar con una exhortación a que las autoridades respectivas se encarguen de la investigación penal.
Cada caso de violencia es atendido con dedicación y prontitud. Desde el MIMP tenemos la clara convicción de que estamos para ser el soporte de las víctimas de violencia física o psicológica, ayudándolas a salir del círculo de violencia, sin miedos ni temores. #NoMásViolencia pic.twitter.com/DfIsENlN1I
— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 20, 2020
Más allá de comprobar la forma diferenciada en que los funcionarios de Montenegro actúan, el comunicado también incidía en otra irregularidad: El Octavo Juzgado de Familia, a cargo de Leidi Oliva Díaz, había actuado también en forma sospechosa.
Si bien en abril se había expedido una medida cautelar para que el aún candidato al Congreso no golpee a su esposa, recién en agosto se tramitó que no se acerque a ella ni a su vivienda, pero solo de lunes a viernes.
A esto se suma que el expediente no se derivó a la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Judicial de Lima. Se determinó que la culpa era de la servidora Nelsi Ruiz Santa Cruz, como se lee en la Resolución Número 2, del 15 de agosto pasado.
“Llámese severamente la atención a la especialista legal Nelsi Pilar Ruiz Santa Cruz, a fin de que ponga mayor celo en el ejerció de sus funciones”, resolvió la jueza Oliva.
El Ministerio de la Mujer como el PJ actuaron negligentemente, como denunciara en la víspera la señora Jáuregui en el programa ‘Punto Final’ de Latina.
“Me entrevistó una psicóloga, otras personas fueron a mi casa a averiguar, ¿qué sé yo?; pero pasó eso y no más se comunicaron conmigo. Estuve yendo a esta oficina a ver al abogado y él me decía que los documentos ya habían pasado al Poder Judicial, pero que realmente no se movían. Bueno, realmente me aburrí y dejé de ir”, había reclamado.
Fuente: Latina / Diario Expreso
