Una reciente encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión (CPI) para RPP Noticias ha revelado que el 50,7% de los peruanos considera que la presidenta Dina Boluarte terminará en prisión al concluir su mandato el 28 de julio de 2026, o en caso de ser vacada antes por el Congreso. Este resultado refleja el nivel de desconfianza que persiste en gran parte de la ciudadanía respecto a la mandataria y su gestión.
El estudio también señala que un 11,1% de los encuestados cree que Boluarte será objeto de múltiples investigaciones tras dejar el poder, mientras que un 10,5% opina que la presidenta optará por fugarse o pasar a la clandestinidad. Un 9,4% prevé que será llevada a juicio o enfrentará varios procesos judiciales. En el otro extremo, apenas un 2,2% considera que pedirá asilo político y solo un mínimo 0,4% cree que no le sucederá nada.
Además de las proyecciones legales, la encuesta pone en evidencia el rechazo masivo a la capacidad de gestión de la presidenta. Solo un 0,3% de los encuestados la considera “muy capaz” y un 0,6% la ve como “capaz”, mientras que un abrumador 93,6% la califica como “incapaz” o “muy incapaz”. Estos números reflejan una profunda crisis de legitimidad y cuestionamientos sobre su idoneidad para gobernar.
El rechazo a Boluarte es especialmente fuerte entre mujeres de 25 a 39 años y en regiones como la costa sur y la sierra central y sur, zonas que han mostrado constante descontento desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. A más de dos años y medio de gestión, la presidenta enfrenta un panorama político y social altamente adverso.
Incluso en el ámbito empresarial, la desaprobación es casi unánime. Según una encuesta de Ipsos Perú a gerentes generales de las principales empresas del país, el 97% desaprueba la gestión de Boluarte, considerando que no genera confianza ni estabilidad para la inversión. Medidas como el reciente aumento de sueldos en medio de la crisis solo han agudizado las críticas desde el Congreso y diversos sectores sociales, que ven en su administración una desconexión total con las prioridades del país.
