El Poder Judicial ha fijado el 28 de octubre del presente año como la fecha de inicio del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua. Vizcarra enfrenta acusaciones por delito de cohecho pasivo propio, relacionadas con presuntos pagos ilícitos durante su periodo como gobernador regional.
La tesis fiscal indica que Vizcarra habría recibido pagos indebidos por un total de 2 millones 300,000 soles, destinados principalmente a la construcción de la ampliación del hospital de Moquegua. Este caso será llevado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta y sus colegas Lorena Sandoval y Giovanni Félix.
La primera audiencia del juicio será presencial, programada para el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Posteriormente, se continuará de manera virtual el lunes 4 de noviembre, extendiéndose desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Contexto del caso Lomas de Ilo:
El caso Lomas de Ilo se remonta al año 2013, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. En aquel entonces, el consorcio Obrainsa-Astaldi obtuvo el proyecto por un monto de 80 millones de soles. Según la acusación fiscal liderada por Osias Castañeda, Vizcarra habría recibido 1 millón de soles como presunto beneficio por favorecer a esta empresa.
Respecto al hospital de Moquegua, la Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido 1 millón 300,000 soles en sobornos por parte de empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’. Estas acusaciones apuntan a que se habría facilitado la adjudicación de la obra a las empresas ICCGSA e INCOT para la ampliación hospitalaria.
Reapertura de investigación por compra de pruebas rápidas:
Además del caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, la Fiscalía de la Nación ha anunciado la reapertura de la investigación preliminar relacionada con la compra de pruebas rápidas durante la gestión de Vizcarra. Esta decisión se basa en nuevos elementos aportados por la procuradora general del Estado y un denunciante, quienes han presentado indicios de presuntas irregularidades y actos de corrupción en dicha adquisición.
La investigación inicial sobre este caso fue archivada previamente, pero ahora se procederá con una revisión exhaustiva para determinar si hubo algún tipo de conducta indebida en la compra de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Este proceso legal representa un hito significativo en la historia judicial del país, marcando un momento crucial en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública.
