El reconocido cirujano plástico Mario Cabani confirmó que recibió un pago en efectivo de 4,500 dólares por las intervenciones estéticas realizadas a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y le ha solicitado mediante una carta notarial que acredite el origen lícito del dinero. La mandataria, actualmente bajo investigación por presunta omisión de funciones y abandono del cargo, habría entregado el monto en un sobre días antes de la primera declaración del médico ante la Fiscalía.
Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, Cabani detalló en su testimonio ante el fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador que las cirugías realizadas fueron únicamente con fines estéticos, contradiciendo la versión oficial de Boluarte, quien argumentó que se sometió a los procedimientos por razones médicas. Esta versión fue respaldada por el otorrinolaringólogo Javier Sánchez, quien negó que existieran problemas respiratorios que justificaran una intervención quirúrgica.
Durante su declaración, Cabani explicó que Boluarte fue sometida a sedación completa, salió de la clínica con el rostro vendado y, por recomendación médica, guardó reposo durante al menos diez días. Este periodo coincide con su ausencia del despacho presidencial entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023, lo que ha levantado sospechas sobre un posible abandono del cargo. El cirujano también relató que la mandataria retiró su historial médico sin autorización y que solo accedió al pago tras múltiples requerimientos.
El miércoles 30 de abril, la Fiscalía deslacró documentos clave como la historia clínica y cartas notariales enviadas por Cabani, las cuales podrían ser decisivas para sustentar una eventual denuncia constitucional. Paralelamente, se espera el resultado del peritaje a diez decretos supremos firmados durante el periodo de reposo, lo que permitirá determinar si Boluarte ejerció funciones en condiciones físicas inadecuadas o delegó sin justificación.
El caso ha generado una fuerte polémica política y jurídica en el país, ya que su desenlace podría depender del Tribunal Constitucional, que evaluará si es legal procesar penalmente a un presidente en ejercicio. Mientras tanto, el pedido de Mario Cabani para que la mandataria aclare el origen del dinero recibido añade un nuevo foco de presión sobre el ya cuestionado gobierno de Boluarte.
