Un reciente reportaje del programa Panorama ha desatado una fuerte polémica al revelar que Beatriz Benique Quispe, una humilde vendedora de desayunos en Villa El Salvador, figura como accionista del 50% de una empresa constructora que ha recibido contratos estatales por más de S/ 2,500 millones. La empresa en cuestión, Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, obtuvo adjudicaciones con entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y gobiernos regionales de La Libertad, Huánuco y Ayacucho.
Consultada por el dominical, Benique aseguró desconocer totalmente la existencia de la empresa y negó tener cualquier vínculo con el rubro de la construcción. “No sé de qué me están hablando. Yo solo me dedico a mi casa”, afirmó. Según el informe, la mujer atiende a diario un modesto puesto de desayunos y no percibe más de 30 soles al día. Pese a ello, su nombre aparece en los registros oficiales como dueña de la mitad de una firma que ha ganado millonarias licitaciones públicas.
Junto a ella figura Celeste Flores Carrillo, una joven de 27 años que anteriormente se desempeñaba como barrendera en el municipio de Ancón. Tras los cambios societarios realizados en 2022, Flores fue nombrada gerente general y representante legal de Grupo Pérgola SAC. No existen registros de formación universitaria ni experiencia previa en construcción a su nombre, lo que ha generado dudas sobre su rol real dentro de la empresa.
Expertos en contrataciones públicas y analistas políticos han calificado el caso como altamente irregular. La especialista Cecilia Ruiz advirtió que esta situación no puede atribuirse a un simple error administrativo, y señaló que corresponde una investigación profunda sobre el Registro Nacional de Proveedores. Por su parte, el analista Eduardo Herrera sugirió que podría tratarse de un esquema de tráfico de identidades o suplantación, debido a fallas graves en los controles notariales y registrales.
El caso de Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC pone bajo la lupa el sistema de contrataciones del Estado, en el que empresas sin rostro conocido —y con supuestos testaferros sin experiencia— acceden a contratos multimillonarios. Las autoridades competentes aún no se pronuncian oficialmente sobre el tema, mientras crecen los reclamos por una auditoría urgente y exhaustiva que esclarezca cómo se adjudicaron más de dos mil quinientos millones de soles a una empresa con una estructura societaria tan cuestionada.
