El Poder Judicial citó a la ex ministra del interior durante el gobierno de Alan García Pérez, Mercedes Cabanillas para que declare sobre la investigación que se le sigue a 25 miembros de las comunidades indígenas, entre ellas al líder Alberto Pizango Chota, acusados de secuestrar y asesinar a 10 efectivos policiales la tarde del 5 de junio del año 2009 en Bagua, Amazonas.
La Sala Penal Liquidadora de Bagua de la Corte de Amazonas, citó a la señora Mercedes Cabanillas, el ex ministro Remigio Hernani y David García Cebreros y ex miembro de la Policía Nacional del Perú, que comandó el operativo en los alrededores de la Estación 6 de Petro-Perú en la ciudad de Bagua.
Estos ex ministros del gobierno aprista deben acudir mañana viernes 21 de junio a las 11.30 a.m en la sede del Edificio Carlos Zavala del Poder Judicial (costado del palacio de justicia) para declarar como testigos por el caso del Baguazo.
Su declaraciones, han sido solicitadas por la Fiscalía Superior Mixta de Bagua a fin de determinar las acciones desplegadas por los manifestantes del denominado Paro Amazónico y sus posibles responsabilidades en los hechos de muerte, informó el abogado Juan José Quispe.
Las testigos, declararan ante la Sala Penal Liquidadora de Bagua de la Corte de Amazonas por vía videoconferencia desde una sala del Edificio Carlos Zavala, que es donde normalmente se llevan a cabo todas las sesiones de audiencias en este juicio.
Por el caso del Baguazo son investigados, Carlos Alberto Pizango y otros por el delito de en agravio de 10 efectivos policiales que custodiaba la Estación Nro 6 del Oleoducto Peruano Nor Oriental de Petro Perú (Imazita), que fueron secuestrados por nativos amazónicos y degollados en Bagua, región Amazonas.
Según testigos, los efectivos habían sido reducidos cientos de protestantes, que poseían machetes y lanzas. Posteriormente, fueron amordazados, y se les decomisó sus armas de fuego.
Un policía que logró escapar de los indígenas que secuestraron y mataron a varios de sus compañeros en la Estación 6 de Petroperú, de la localidad de Imazita, relató como los efectivos fueron torturados por los nativos que exigían la derogatoria de 10 decretos legislativos que, según ellos, afectan sus intereses.
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