El juicio por rebelión contra el expresidente Pedro Castillo, tras su intento fallido de golpe de Estado, se encuentra en su etapa final. Tras dos meses de audiencias en el penal de Barbadillo, el proceso ha pasado a la fase de evaluación de pruebas, entre ellas el proyecto de decreto supremo, el video sin editar del mensaje golpista y comunicaciones que evidenciarían su intento de fuga a México.
La Segunda Fiscalía Suprema solicita 34 años de prisión para Castillo, 25 para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 para el exasesor Aníbal Torres. La sentencia podría dictarse entre julio y agosto, según coinciden los abogados Walter Ayala, Raúl Noblecilla y el penalista Andy Carrión.
Durante la primera fase del juicio, testigos como los excomandantes de la Policía y congresistas ratificaron que el exmandatario ordenó cerrar el Congreso e impedir el acceso de legisladores, evidenciando la ejecución del golpe.
Sin embargo, el proceso enfrenta intentos de dilación. La defensa de Betssy Chávez ha planteado recusaciones contra los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Flores, alegando supuesta parcialidad. Aunque la primera recusación fue rechazada, ahora se busca apartar a los tres jueces, recurso que será resuelto hoy.
Los recursos de Castillo para salir libre
Mientras tanto, Pedro Castillo intenta revertir su situación por otras vías. Su abogado Walter Ayala ha presentado un hábeas corpus alegando falta de imparcialidad del tribunal y ha pedido que el proceso vuelva a foja cero. Además, solicitó una medida cautelar ante la CIDH para que el expresidente retorne a Palacio de Gobierno.
Como plan alternativo, se evalúa postular a Castillo al Senado. Según Ayala, ello permitiría demostrar arraigo en el país y justificar una medida cautelar para su liberación. No obstante, esta estrategia podría truncarse si el Congreso lo inhabilita o si es condenado en primera instancia, lo que lo excluiría de la vida política conforme al artículo 34-A de la Constitución.
Una sentencia clave para la democracia
El jurista Enrique Ghersi afirmó que una condena fortalecería la democracia peruana: “Castillo no solo intentó, sino que ejecutó un golpe de Estado por unas horas. La democracia en el Perú se defiende y no es boba”, sentenció.
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que el caso representa un desafío para el sistema constitucional. “Después de dar un golpe, pretende participar en las elecciones de 2026, algo que el sistema no debe permitir”, señaló. Agregó que la sentencia podría emitirse antes del 23 de diciembre, fecha límite para la inscripción de candidatos a los próximos comicios generales.
Todo apunta a que, antes de que termine el invierno, el país sabrá si Castillo será condenado por intentar quebrar el orden democrático.
