Perdiendo toda objetividad e independencia, el pleno de la Junta Nacional de Justicia, elegido durante el gobierno de Martín Vizcarra, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en defensa de la cuestionada exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Con clara intromisión de la Junta Nacional de Justicia en el caso que se verá contra Zoraida Ávalos esta semana en el Congreso, pide al legislativo a respetar la independencia y los criterios jurídicos de los jueces y fiscales en el desempeño de sus funciones en referencia a Zoraida Ávalos, a través de un pronunciamiento público sobre la independencia del sistema de justicia.
» JNJ se permite invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia», señala el comunicado.
Además, la JNJ dice que no acude en defensa de una persona, la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos. «Este órgano constitucional autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia», precisa la JNJ.
«La JNJ respeta plenamente la atribución constitucional propia del Congreso de la República, contenida en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. No obstante, estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia».
En otro párrafo, el pleno de la Junta Nacional de Justicia indica que «la judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socaban la convivencia social y ciudadana. La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. Ninguna conciencia democrática y republicana debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen».
