Las contrataciones del Estado se han convertido en una auténtica caja de Pandora. Cada revisión de las ordenes de servicio emanadas de las instituciones públicas, sean ministerios u otras dependencias, significan hallazgos de sospechosos casos que, al menos, requieren explicación de las autoridades encargadas.
Lo más grave de los últimos meses es que ocurren en plena lucha contra el COVID-19, cuando millones de personas apenas tienen algo que comer. Los gastos en la administración pública no han cambiado un ápice en estos tiempos de crisis que, necesariamente, demandan austeridad. La plata sigue saliendo como si estuviéramos en épocas de bonanza.
En el mes de mayo, es decir en plena pandemia, el Instituto Nacional de Salud (INS), dependencia sobre la que giran los aspectos técnicos-sanitarios de la lucha contra la COVID-19, realizó una extraña contratación denominada «evaluación, seguimiento y corrección de artículo para revista especializada».
Según el Portal de Transparencia del Estado peruano, el médico cirujano Akram Abdul Hernández Vásquez fue seleccionado para efectuar esa tarea mediante la orden de servicio Nro. 742 por un monto nada despreciable: S/ 19 500.
El asunto podría pasar desapercibido, sin embargo, en el mundo científico cada investigador es responsable de redactar, corregir y preparar su artículo para una eventual publicación. Un científico que se respete jamás permitiría que su trabajo sea redactado ni corregido por otro, según expertos consultados sobre el material.
(…) en el mundo científico cada investigador es responsable de redactar, corregir y preparar su artículo para una eventual publicación. Un científico que se respete jamás permitiría que su trabajo sea redactado ni corregido por otro.
Se sabe que el monto máximo que el INS ha pagado en años anteriores es S/ 3000, pero jamás por el concepto mencionado, sino por la traducción al inglés de un artículo científico; este último servicio era facilitado solo y exclusivamente para aquellos investigadores que no sabían inglés.
La persona seleccionada, Akram Abdul Hernández Vásquez, es médico cirujano y actualmente es miembro del Comité Editor de la Revista Acta Médica Peruana (AMP), pero el monto adjudicado esta sobredimensionado en relación al mercado y no hay explicación técnica ni lógica para la contratación, según los expertos.
Otro monto alto
En el mes de mayo, el INS fue prolijo en las contrataciones para servicios en aspectos comunicacionales. Entre ellas sobresale con claridad un caso. Se trata de la orden de servicio Nro. 675 cuyo concepto es «servicio de una personal natural para brindar asistencia técnica en comunicaciones – jefatura y sub jefatura» por S/ 28 700, un monto alto para la especialidad, aunque no se especifique el tiempo del servicio.
En este caso, como en otros registrado en la administración pública en los últimos tres meses, no se toma en cuenta la difícil situación económica del país a raíz de la pandemia y se sigue gastando a manos llenas.
La persona seleccionada mediante la orden Nro. 675 es el sicólogo Luis Eduardo Cisneros Méndez quien, según la información que obra en diversas páginas web, ha logrado importantes contratos con el Estado en los últimos años, pero en el campo de la comunicación.
Sucesos se comunicó con el INS para buscar la versión oficial; hubo ofrecimiento inicial para dar las explicaciones del caso, pero luego se impuso el silencio oficial y ni siquiera las llamadas o mensajes vía WhatsApp fueron respondidos.
Los propios servidores del INS han expresado su malestar a través de las redes sociales y comenzaron a denunciar otra serie de contratos por varias decenas de miles de soles “aprovechando la pandemia”.
“Estamos preocupados por la institución porque se está utilizando los fondos que son necesarios para combatir la pandemia para contratar este tipo de servicios. ¿Le sobra la plata al INS?”, dice una denuncia llegada a Sucesos.
