El excongresista fujimorista Héctor Becerril manifestó este lunes que no tiene ninguna intención de fugarse del país, por lo que, remarcó, no apelará si el Poder Judicial aprueba el pedido la Fiscalía y dicta 36 meses de impedimento de salida del país en su contra por el caso ‘Los Temerarios del Crimen’.
«No tengo ninguna intención de fugarme del país. Me he presentado a todas las instancias que me han convocado. (…) Si usted, señor juez, toma la decisión que tome, yo no voy a apelarla ni cuestionarla. Ese es mi compromiso de honor», dijo durante la audiencia virtual que realizó el juez supremo Hugo Núñez Julca.
«Yo nunca en mi vida he salido del país, a pesar de que he tenido múltiples oportunidades de hacerlo. Una vez que terminé mi mandato como congresista y quedé sin pasaporte diplomático, nunca he solicitado ni he hecho gestión para tener un pasaporte porque yo no quiero salir del país», agregó Becerril.
La Fiscalía de la Nación investiga al exlegislador de Fuerza Popular por los supuestos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y organización criminal.
En relación al tráfico de influencias, el Ministerio Público aduce que Héctor Becerril habría aprovechado su cargo de congresista para ofrecer gestionar el presupuesto para la Municipalidad Distrital de Aucallama (Huaral), a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente -de poco más de 284 mil soles- a la compañía Red Medical Dental & Bussiness, cuyo dueño es su hermano Segundo Becerril.
Sobre el cohecho pasivo impropio y organización criminal, la hipótesis de la Fiscalía es que Becerril estaría vinculado con la organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’, liderada por el exalcalde chiclayano David Cornejo Chinguel, y, a partir de este nexo, habría conseguido asignación presupuestal para la ejecución de tres obras públicas a favor de la Municipalidad de Chiclayo.
La empresaria Mirtha Gonzales Yep contó que, en el año 2019, entregó 74 mil soles a Héctor Becerril para que remodele su vivienda, ubicada en la ciudad de Trujillo, como pago por haber ayudado a la empresa Constructora CRD a que gane la licitación de la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo, valorada en unos 11 millones de soles.
Según manifestó el fiscal adjunto supremo Luzgardo Gonzáles, quien representó a la Fiscalía de la Nación durante la audiencia, Becerril era el «brazo político» de la mencionada banda criminal.
«La participación del investigado se remite a gestionar presupuestos e inclusión de obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo donde David Cornejo Chinguel era alcalde y presunto líder de la organización criminal. El papel que le correspondía era de la venta de la función publica, porque la labor de la representación comprende las gestiones ante las entidades públicas, pero cuando se cobra un porcentaje por esta gestión esta actividad de pervierte», anotó Gonzáles.
