La expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya,, consideró que el secreto comercial en el precio de la vacuna china contra la covid-19 podría devenir en una denuncia por agravio constitucional debido a que el Gobierno restringe el derecho a la información pública.
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo ayer que el precio de la vacuna de Sinopharm está dentro de un secreto comercial. Y por ende, se deben respetar los contratos. Además, calificó de “esquizofrénicas” las cifras del costo de las dosis que vienen circulando en los medios de comunicación.
“El pretexto que se da, de que es un secreto comercial, es falso. No lo es. Si el contrato dice que no puede revelar el precio porque es un secreto comercial, estamos firmando una cláusula ilegal y que estaría vulnerando los tratados internacionales anticorrupción“, aseguró la exfuncionaria.
Nuestros funcionarios tienen el deber de sopesar entre el derecho a la salud pública y a la transparencia en las compras, indicó. Frente a consultársele sobre infracción inconstitucional y perpetración de un supuesto delito, Yaya respondió asertivamente. “Uno de los mandatos constitucionales es el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos de acceder a la información pública. Específicamente, referida a los gasto de los recursos públicos”, señaló.
Bajo esta premisa, Yaya mencionó que cabe la posibilidad que se interponga una denuncia por el agravio constitucional que estaría cometiendo el gobierno de Francisco Sagasti al restringir el acceso de información pública sobre el precio de las vacunas del laboratorio chino.
“El secreto comercial es una innovación de la señora Pilar Mazzetti”, dijo exfuncionaria de la OSCE.
Por otro lado, la abogada declaró que lo que podría estar sucediendo es la comisión de un delito de corrupción. “La señora Mazzetti está disfrazando de secreto comercial lo que en realidad podría ser un indicio de la comisión de delitos de corrupción”, comentó.
“Tales delitos pueden ser cometidos por funcionarios peruanos. O por los de la empresa vendedora de estas vacunas, que pertenece al Estado Chino. Podríamos hablar de corrupción de funcionarios público chinos“, enfatizó.
“Un secreto comercial es una información privilegiada y que a su propietario, le ha costado económicamente hablando, hacerlo. Y que esa característica de su producto le otorga competitividad frente a otros proveedores del mismo rubro”, agregó.
Yaya ejemplificó dicha figura con la empresa Coca Cola, quien sostiene un secretismo comercial en la composición de ingredientes de su bebida. “A alguien le costó trabajo elaborar esa fórmula y tiene un valor económico. Esa fórmula la pone en una situación de competitividad frente a los productores de otras gaseosas“, explicó. Por lo que consideró que el precio de la vacuna no reúne los requisitos para ser aplicada dentro del secreto comercial.
Como se recuerda, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció este miércoles que el Gobierno llegó a un acuerdo con Sinopharm y AstraZeneca para la adquisición de 38 y 14 millones de vacunas, respectivamente.
A través de un mensaje a la Nación, Sagasti señaló que estas adquisiciones se suman a los 13.2 millones de dosis adquiridas a la coalición ‘Covax Facility’, que llegarían a nuestro país durante el tercer trimestre de este año.
