El Poder Ejecutivo observó la ley que prohíbe que las empresas realicen llamadas no deseadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso a inicios de marzo, estableciendo que solo podrían enviar información los call centers que e contacten directamente con el proveedor y soliciten, dando su consentimiento «informado, expreso e inequívoco».
«Solo en este caso, los proveedores podrán utlizar aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que hayan brindado (…) su consentimiento para la utilización de esta práctica comercial», señala la medida.
Pero, ¿por qué la iniciativa ha sido rechazada por el Gobierno? Según argumentan, la autógrafa enviada afecta la libertad de empresa.
El Ejecutivo señala que se necesita de un test de proporcionalidad para ponderar los principios de idoneidad y necesidad de la medida.
Además, indican que la disposición de que los proveedores solo puedan enviar información y publicidad cuando los consumidores se contacten directamente con ellos limita las libertades económicas reconocidas constitucionalmente en los artículos 58 en delante de la Carta Magna.
Cabe agregar que, de acuerdo con la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (Apexo), la iniciativa del Congreso podría costar el empleo de 20 mil jóvenes trabajadores de call centers.
