Fuerza Popular busca que una comisión integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con los respectivos ministerios que ejercen sus rectorías (Defensa e Interior), conformen un órgano censor de la información relativa al periodo del conflicto armado interno, el cual confrontó al Estado peruano con las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.
La iniciativa legislativa, que se encuentra ya en la Comisión de Educación del Parlamento desde el último viernes, es impulsada por la congresista fujimorista Valeria Valer, y cuenta con el respaldo de al menos media docena de los legisladores de Fuerza Popular.
Denominada como “Ley que garantiza la difusión de información sobre la lucha contra el terrorismo”, la propuesta fujimorista busca que el Estado asuma como deber:
“[…] reconocer y difundir las actuaciones de los peruanos en la lucha contra delincuentes terroristas, condenar los actos criminales del terrorismo y recordar las fechas en que este hizo daño al país, mediante la difusión de información veraz y objetiva sobre estos sucesos en los colegios públicos y privados a nivel nacional”.
“Parece un proyecto del Congreso de los noventa”, comentó a La República el abogado Carlos Rivera, quien sostuvo que la iniciativa de la congresista Valer propone un relato sesgado de lo ocurrido durante la época del conflicto armado interno en el país entre los años ochenta y noventa.
“La congresistas Valer tiene una concepción militarista de la política, ya que en todo tipo de aspecto pretende inmiscuir al Ministerio de Defensa y, además, expone una visión muy sesgada de la historia. Para ella solo hay terrorismo”, sostuvo el letrado, refiriendo la negativa a reconocer que, también, de parte del Estado se perpetraron crímenes de lesa humanidad.
Órgano censor
En el proyecto de la parlamentaria fujimorista, entre los deberes de difusión que debería asumir el Estado, señala que es responsabilidad del Ejecutivo “crear una comisión multisectorial conformada por representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Policía Nacional del Perú y representantes de los Defensores de la Democracia”.
El fin de esta “comisión multisectorial”, que Rivera calificó más bien como “un órgano de censura compuesto por militares”, es:
“Evaluar, consolidar y proponer la información que contendrá el material educativo; los expositores de las conferencias, seminarios y charlas; así como, el detalle de las actividades conmemorativas, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral precedente”.
“Eso solo existió en la dictadura de Velasco y Morales Bermúdez”, sostuvo Rivera en relación a la “comisión multisectorial” que propone la congresista Valer. “Seria un grave retroceso que [el proyecto] pase”, acotó.
Prohíbe financiamiento
De la mano con la “comisión multisectorial” para determinar el contenido educativo sobre el conflicto armado interno, la propuesta del fujimorismo también pretende una injerencia en el plano cultural.
En precisión, el proyecto de la congresista Valer estipula en una disposición complementaria la prohibición al Estado para financiar “de manera directa o indirecta, la realización, producción, difusión o publicación de materiales o actividades educativas, artísticas o culturales que inciten, validen, fomenten, incentiven, motiven o promuevan la transgresión de los principios del Estado Democrático y Social de Derecho y las disposiciones normativas vinculadas a la Política Nacional Multisectorial de la Lucha contra el Terrorismo”.
Para Rivera, esta pretensión del fujimorismo “propicia un nivel de injerencia ilegal del Ministerio de Defensa sobre la política cultural que, está a cargo del Ministerio de Cultura”.
Además, subraya que, en su totalidad, el proyecto “es inconstitucional, porque es contrario a los incisos 3 y 4 del artículo 2 de la Constitución Política, ya que pretender crear un órgano censor de aspectos de política cultural”.
En efecto, la contradicción con la normativa constitucional vigente se hace patente, sobre todo, con el inciso 4 del artículo 2 de la Carta Magna, que indica, en torno a los derechos fundamentales de las personas, lo siguiente:
“[todos tienen derecho] a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.
Inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Comisión de Educación
De acuerdo a la derivación del proyecto, será la Comisión de Educación del Congreso la encargada de evaluar la iniciativa y, de llegar a un consenso, elaborar un dictamen que, posteriormente, debería ser sustentado ante el Pleno del Congreso por el titular de la presidencia del grupo.
A la fecha, quien ocupa el cargo es el congresista Luis Dioses Guzmán, de Somos Perú.
En total, son 15 los miembros titulares de la Comisión de Educación, de los cuales dos son de Fuerza Popular: Juan Alonzo Fernández y Liliana Pinedo Achaca.
Información: Diario La República
