“Hermano de la congresista Janet Sánchez Alva, del grupo parlamentario PPK y presidenta de la Comisión de Ética del Congreso (…) es un sentenciado por Traición a la Patria”, escribió el congresista fujimorista Marco Miyashiro Arashiro en el chat de “La Botica”, en el que compartía el documento de la condena con la bancada de Fuerza Popular.
Luego de que La República publicó el comentario de Miyashiro que dejaba en evidencia un intento de desprestigiar a Janet Sánchez, Miyashiro le pidió disculpas y afirmó que se trataba de un desliz. “Tengo un compañero dentro de mi grupo (de la policía) cuando estaba en actividad que tiene los mismos apellidos que usted y ahí es donde encontré ese dato”, explicó Miyashiro, quien también forma parte de la Comisión de Ética.
Pero lo cierto es que Janet Sánchez se ha convertido en una piedra en el zapato de los fujimoristas porque desde que asumió la presidencia de la comisión el 16 de mayo de 2018, estos tienen dificultades para enviar al tacho las denuncias contra integrantes de la bancada naranja. Así lo prueban las cifras.
Cuando el fujimorista Segundo Tapia Bernal presidió la Comisión de Ética, fueron declaradas improcedentes o infundadas 42 denuncias y, durante el mandato de Juan Gonzales Ardiles, fueron 33. Ahora bien, del total de 74 denuncias declaradas improcedentes o infundadas, virtualmente el 90% correspondía a casos relacionados con los congresistas fujimoristas. Lo que significa que Fuerza Popular usa la Comisión de Ética para su propio beneficio, enviando a la trituradora graves imputaciones, de acuerdo con cifras del Congreso obtenidas por La República.
La cifra podría subir fácilmente si a los fujimoristas beneficiados con el archivamiento de denuncias se suman congresistas favorecidos pertenecientes a bancadas aliadas, como del Partido Aprista Peruano, o legisladores profujimoristas o “topos”, como el notorio Jorge Castro Bravo.
Sin embargo, desde que asumió la presidencia de la Comisión de Ética, la congresista Janet Sánchez, que perteneció a la bancada de PPK, impuso diferentes criterios para desestimar las denuncias contra los congresistas. A pesar de contar con mayoría en la Comisión de Ética, la representación fujimorista ha encontrado un escollo para desactivar las acusaciones en su contra.
Durante el mandato de Janet Sánchez, las denuncias que se declararon improcedentes e infundadas suman 21 hasta el día, menos de la mitad respecto a las 42 en el tiempo de Segundo Tapia y 33 en el periodo de Juan Gonzales. Estas cifras explicarían por qué mediante el chat Marco Miyashiro comunicaba a su bancada una información potencialmente dañina en agravio de Janet Sánchez con el propósito de desembarcarla y eventualmente reemplazarla por un fujimorista o profujimorista o “topo”.
Votos a la medida. En efecto, del total de 96 denuncias archivadas por infundadas o improcedentes entre julio de 2016 y julio de 2019, casi el 80% ocurrieron durante las gestiones de los fujimoristas Tapia y Gonzales.
Entre los legisladores fujimoristas más favorecidos por los archivamientos promovidos y aprobados por su propia bancada se cuentan Héctor Becerril (4 por improcedencia y uno de plano, sin investigar), Yeni Vilcatoma (2 por improcedencia y 3 de plano, sin investigar) y Betty Ananculí (4 por improcedencia y 1 de plano, sin investigar), hasta en 5 ocasiones cada uno. El profujimorista Jorge Castro, hasta en 6 oportunidades (2 por improcedencia y 4 de plano, sin investigar). Y el fujimorista Elard Melgar, en 4 casos.
Y casi siempre, todos fueron salvados por la imposición de la mayoría. Por ejemplo, cuando Luz Salgado Rubianes, Rosa Bartra Barriga y Héctor Becerril Rodríguez fueron denunciados por interferir en el operativo que dirigió el fiscal José Domingo Pérez en el local de Fuerza Popular, por mayoría fue archivada la acusación sin ninguna investigación de por medio no obstante la gravedad de la actuación de los mencionados legisladores.
Denuncias de ciudadanos víctimas del abuso de poder o de la intromisión de congresistas de Fuerza Popular acaban en el archivamiento debido a una suerte de dictadura de la mayoría fujimorista en la Comisión de Ética. Es una norma de la que también han sido favorecidos aliados de otras bancadas, como Edwin Donayre Gotzch, de Alianza para el Progreso (APP), a quien le archivaron dos denuncias. Como se sabe, ahora Donayre, por evidente mérito del fujimorismo, es un prófugo de la justicia.
Casos contra los aliados apristas Jorge del Castillo Gálvez y Mauricio Mulder Bedoya también fueron aprobados con votos fujimoristas. Pero el que tiene el récord es el excongresista izquierdista Jorge Castro Bravo, a quien los fujimoristas archivaron 6 denuncias: 2 por improcedencia y 4 de plano, sin investigación previa.
El favoritismo también queda en evidencia cuando se comparan las sanciones efectivas que aprobó la Comisión de Ética durante la gestión de los fujimoristas Tapia y Gonzales. Solo resolvieron los dos juntos 2 sanciones efectivas, mientras que en el periodo de Janet Sánchez, que no es fujimorista, se dio visto bueno a 10 sanciones.
No obstante, en lo que va de 2019, los fujimoristas enviaron al archivo de plano, sin investigación previa, 17 imputaciones contra miembros de su bancada. Algunos hasta en 2 ocasiones, como Úrsula Letona, Freddy Sarmiento y Segundo Tapia Bernal. Y en una ocasión Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla, Alejandra Aramayo, Carlos Tubino, Betty Ananculí, Yeni Vilcatoma, Carlos Domínguez e Israel Lazo.
Pero la Comisión de Ética es, además, un foro al que Fuerza Popular recurre para amenazar o atacar a sus oponentes, como consta en los diferentes chats que La República ha revelado recientemente. Refiriéndose a congresistas de otras bancadas que los criticaban, la fujimorista Beteta escribió: “Debemos denunciarlos a (la Comisión de) Ética y sancionar. Solo así van a respetar”. Pero si se quedan calladitos, no pasa nada. Muy parecido al chantaje.
Luz Salgado y Yeni Vilcatoma: sin comentarios
– Congresistas de Fuerza Popular fueron contactados por La República, pero la mayoría no devolvió las llamadas o evitó comentar las cifras de la Comisión de Ética.
– La legisladora Luz Salgado –una de las favorecidas con los archivamientos de su bancada– dijo que, como pertenece a la Comisión de Constitución, no tendría por qué pronunciarse sobre la Comisión de Ética.
– A su turno, la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz afirmó que no deseaba hacer comentarios porque no tenía los datos sobre las actividades de la Comisión de Ética. Vilcatoma está entre los parlamentarios fujimoristas favorecidos con los archivamientos.
Indira Huilca Flores, congresista de Nuevo Perú
“Se denunció a Becerril por presionar a un consejero del CNM para que votara a favor de un fujimorista. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo archivó y luego Ética”.
Susana Chávez Alvarado, directora de PromSex
“Denunciamos a Julio Rosas por sus expresiones homófobas y discriminatorias en el Congreso. Rosas apeló a su libertad de expresión y archivaron el caso de manera irregular”.
Janet Sánchez Alva, presidenta de Comisión de Ética
“Sin duda, el chat (del fujimorista) Miyashiro) contra mi hermano tiene muy mala intención, pero yo no permití ningún tipo de amenaza o de amedrentamiento”.
Fuente: La República
