La agrupación Fuerza Popular reiteró su decisión de acudir a la comounidad internacional para denunciar la situación que atraviesa su lideresa Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva desde noviembre del 2018 en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, en el marco del caso Odebrecht.
El congresista Luis Galarreta señaló que el partido acudirá a diferentes parlamentos de América Latina y el mundo para alertar sobre la violación de los derechos de Fujimori Higuchi, investigada por el presunto delito de lavado de activos.
“Es clara la forma absolutamente parcializada como se vienen dando las investigaciones […] Como partido político les decimos que vamos a tomar acciones a nivel internacional. Vamos a comunicarnos con diferentes representantes de Parlamentos en América Latina y en el mundo, con organismos como la OEA, con presidentes que ya están levantando su alerta frente -incluso- a la intención del gobierno de cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República”, afirmó.
En ese sentido, Galarreta calificó de “inaudito” el trato que tiene Keiko Fujimori, luego que el último viernes se postergara la audiencia en la que se evaluaría el recurso de casación presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, tras la inhibición del juez supremo Jorge Castañeda.
“Hoy más que nunca, la forma como se violentan los derechos de nuestra lideresa, de una ciudadana, de una madre de familia, esposa, hija, que viene a ser Keiko Fujimori, es inaudita. En ninguna democracia del mundo se usa una investigación […] para limitar los derechos de una persona a la que le asiste la justicia”, destacó.
A su turno, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró como un acto “vergonzoso que rebasa todos los límites tolerables por la persona y la dignidad humana” que no se haya revisado el recurso de casación a raíz de la difusión de unos audios que involucran a un juez supremo con César Hinostroza, lo cual -dijo- la convierten en una «presa política».
“El objetivo de publicar audios sin contenido delictivo, moral, ni penal, y que no tienen relación alguna con Keiko Fujimori o la investigación, solo tiene por objetivo amenazar a los operadores de justicia que intervienen en su proceso como advertencia de que no fallen a su favor o que fallen en su contra. Estos hechos inauditos en una sociedad democrática la convierten en una presa política”, precisó.
Asimismo, aseguró que existe una intromisión de parte del gobierno a través del ministro de Justicia, Vicente Zeballos y del presidente de la República, Martín Vizcarra, en este caso.
“Son claras intromisiones del gobierno, las declaraciones del ministro de Justicia respecto a su preocupación de que un fiscal supremo en ejercicio de sus atribuciones opine a favor de la casación. Asimismo, la intromisión del presidente de la República en organismos autónomos como la fiscalía de la Nación, hace convencer que no estamos en un régimen democrático sino en uno que apenas guarda las apariencias de tal”, acusó.
La audiencia en la cual se revisaría la casación planteada por Keiko Fujimori fue suspendida el 5 de junio tras la inhibición del juez supremo Jorge Castañeda, quien se vio involucrado en audios con César Hinostroza.
